CARACAS – La organización no gubernamental Human Rights Wacht (HRW) aseveró que en Venezuela casi 18.000 personas murieron por acción de las fuerzas de seguridad desde 2016, en supuestas acciones de “resistencia a la autoridad” que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales de acuerdo a las investigaciones.
Según el informe denominado “Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos”, HRW destacó que aunque no se ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que la información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones de ese tipo.
“En medio de una crisis económica y humanitaria que afecta más gravemente a los que menos tienen, las autoridades venezolanas cometen abusos aberrantes en comunidades de bajos recursos que han dejado de apoyar al régimen de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de siete mil personas en incidentes que, según citaron, fueron casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, de acuerdo a cifras del Ministerio de Interior.
La ONG destaca que la Oficina del Acnudh realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos.
Dicho organismo concluyó que “el modus operandi de las operaciones de seguridad y el hecho de que con frecuencia las FAES mantienen una presencia en las comunidades después de concluida la operación, al Acnudh le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
En los hechos que Human Rights Watch investigó, policías armados de las FAES vestían uniformes negros que identifican ese cuerpo policial y en varios casos, llevaban el rostro cubierto, se movilizan en camionetas negras sin matrícula e irrumpen en viviendas de vecindarios de bajos ingresos, denominados barrios.
Los agentes sembrando terror con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos.
Human Rights Watch destacó que en todos los casos que investigaron hubo familiares que manifestaron que los agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia para indicar que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”.
“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”.
