CARACAS – A solo dos semanas de que la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo presentara el informe con recomendaciones al gobierno de Nicolás Maduro para restituir los incumplimientos de varios Convenios Internacionales de la OIT, el Poder Ejecutivo anunció un nuevo aumento salarial inconsulto entre partes interesas.
“La fijación del salario mínimo, de manera unilateral, transgrede el Convenio N°26 referido a la consulta tripartita (gobierno-empleadores-trabajadores) para acordar el sueldo base y que se viola desde 2000 durante la presidencia de Hugo Chávez”, señala Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Debido a las erradas políticas del gobierno, la crisis económica y social se ha acentuado, haciendo que Venezuela en los últimos cinco años se encuentre en un espiral inflacionario, que Maduro ha tratado de “compensar” con frecuentes aumentos de salario cubierto con la creación de dinero electrónico.
El gobierno –por la vía de hecho— ha anclado el salario mínimo al dólar, manteniéndolo en cada una de las tres ocasiones que ha realizado ajuste este 2019 en un equivalente a $7,5 o lo que es lo mismo $0,25 diarios (sin incluir el bono de alimentación), muy por debajo del nivel de pobreza establecido por el Banco Mundial de $1,90 al día.
“Los incrementos se han dado de forma arbitraria, sin consultar a todas las partes involucradas, lo que denota que la administración de Maduro no tiene una real intención de corregir las constantes y continuas violaciones a los acuerdos laborales, estipulados en distintos Convenios Internacionales y que llevaron tanto a empleadores como a representantes sindicales a elevar la queja ante la OIT”, dijo Sánchez.
El nuevo aumento salarial que apenas eleva de $2 a $7,5 el salario mensual y atenta básicamente contra los empleados de la administración pública, es “una manifestación más de que el gobierno no está dispuesto a entablar un diálogo social, como lo exige la sociedad venezolana para salir de la crisis política y económica que coloca al país no solo con los precios más elevados del planeta, sino con la peor destrucción de la economía para una nación que no está en guerra”, indicó la directora del Inaesin.
