CARACAS – En Venezuela se experimenta el denominado “efecto de puerta giratoria”, donde gracias a la presión de la sociedad democrática se logra la excarcelación de algunos presos políticos en medio de nuevas detenciones arbitrarias y violaciones masivas a los derechos humanos, afirma Rafael Uzcátegui, Coordinador Nacional del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Uzcátegui comentó la más reciente excarcelación de 24 presos políticos que se anunció el jueves, de los cuales no todos fueron liberados.
De acuerdo a información publicada por Alfredo Romero del Foro Penal, este viernes de los 24 presos políticos que serían excarcelados, solo han salido 18, que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios.
El coordinador de Provea aseguró que dicho proceso de excarcelación no solo fue el resultado de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo instalada por el gobierno y varios partidos minoritarios de la oposición, sino que forma parte de los compromisos asumidos con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Este informe generó una serie de recomendaciones y un plan de trabajo que el gobierno está obligado a cumplir”, enfatizó.
Aclaró que el término correcto de lo que está ocurriendo en Venezuela es “excarcelación” y no liberación, porque los ciudadanos involucrados no recuperaron su “libertad plena”, sino que fueron beneficiados con una medida sustitutiva de libertad.
En este caso, “El proceso contra ellos sigue abierto y tendrán un período de presentación ante tribunales y algunas limitaciones en sus derechos”, indicó.
Uzcátegui comentó que “Son personas que están en la cárcel por su pensamiento, por disentir del Ejecutivo y que por eso son castigados de esta manera”.
También recordó que aparte de las irregularidades relacionadas con el debido proceso: “se trata de ciudadanos que no fueron presentados ante los tribunales en el tiempo correspondiente y que no tuvieron acceso a visitas periódicas de sus familiares y abogados, entre otros vicios procesales”.
“Todos estos hechos ratifican la ausencia de institucionalidad democrática en Venezuela. No existe un estado derecho ni instituciones que puedan proteger a la ciudadanía. Las omisiones de la Defensoría del Pueblo son graves y se ha convertido también en cómplice de estas situaciones que son lesivas a los derechos humanos”, sentenció Uzcátegui.
