CARACAS – El partido político, Voluntad Popular, se pronunció este lunes luego que el pasado viernes, 15 de noviembre, cuerpos de seguridad del Estado venezolano allanaron la sede nacional de la tolda naranja intimidando a los trabajadores y robando sus pertenencias.
Ante este hecho, la dirección nacional, diputados y activistas del partido reivindicaron su compromiso con la lucha pacífica y democrática para conquistar el cambio que permita a los venezolanos avanzar hacia un mejor país.
La diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, advirtió que el “régimen” de Nicolás Maduro pretende “montar una olla” contra la organización y el coordinador nacional de activismo, Alexander Tirado.
“El día viernes 15 irrumpieron en nuestra sede unos ciudadanos con actitud de malandros, amedrentando y robando a nuestros trabajadores. Actuaron de una manera despreciable, golpeando a nuestros activistas hombres y mujeres. Pretenden montar una olla contra”, expresó la parlamentaria.
Añadió que los miembros Voluntad Popular son hombres y mujeres “de bien”, quienes están dispuestos a luchar en la calle hasta que “cese la usurpación”.
Pichardo condenó que el Ministerio Público no haya abierto una investigación con respecto a este caso e informó que en las próximas horas el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, ofrecerá un balance sobre la investigación del hecho.
Asimismo, el también comisionado para los DDHH y atención a las víctimas, Humberto Prado, realizará las gestiones necesarias para denunciar los atropellos en la sede de VP ante los organismos internacionales pertinentes.
“Enviaremos un expediente a la Comisión de DDHH de la ONU donde hay una investigación abierta sobre las persecuciones a este partido y enviaremos a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, los videos y las pruebas de estos delitos”, manifestó la política.
Por su parte, Alfredo Jimeno, coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda, resaltó que el allanamiento a la sede de la tolda naranja buscaba amedrentar a los ciudadanos de cara a la movilización convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Asimismo, la abogada defensora de los Derechos Humanos, Ana Leonor Acosta, denunció que durante la irrupción a la sede se cometieron al menos 10 delitos contra los trabajadores y activistas que se encontraban en el lugar.
Puntualizó que los daños fueron: violación a la propiedad privada, robo, uso desproporcionado de la fuerza pública, amenazas, quebrantamiento de tratos internacionales, violación a los derechos humanos y de la mujer.
