CARACAS – La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó este jueves en un estudio que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde supuestamente murieron más de 30 opositores y un oficial de policía.
Así lo indicó la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su informe anual sobre los procedimientos preliminares que están abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.
De acuerdo a la investigación, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.
Para ese momento, 131 agentes de seguridad resultaron heridos y uno fue asesinado en Venezuela, según los datos recogidos por la Fiscalía.
“Algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas”, añadió Bensouda.
El informe también dejar ver, que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que “la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible”.
La Fiscalía refiere otros crímenes de años anteriores, como las muertes de al menos 70 personas en las protestas de 2017 y los malos tratos, torturas y violaciones que supuestamente se han dado en centros de detención.
El estudio revela que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas en Venezuela por supuestos motivos políticos
Bensouda señaló en el documento, que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.
Por su parte, el exdiputado Walter Márquez viajó a La Haya en septiembre, y desde allá aseguró que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, “está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente” para investigar las denuncias que llegan a ese tribunal contra el gobierno de Nicolás Maduro.
