CARACAS – Las violaciones al derecho de acceso a la información en Venezuela, en los primeros 22 días de enero de 2020, estuvieron presentes en el marco de los eventos relacionados con la Asamblea Nacional.
Las fuerzas de seguridad del Estado y los simpatizantes oficialistas impidieron que la prensa y los ciudadanos pudieran acceder a información sobre hechos de interés público relacionados a la instalación del nuevo periodo de sesiones del Parlamento.
El domingo 5 y el martes 7 de enero, más de 35 medios de comunicación fueron impedidos de acceder al Palacio Legislativo para dar cobertura de los sucesos del lugar.
Además de la violación del derecho de acceso a la información, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos fueron intimidados, agredidos y perseguidos por los alrededores de la sede parlamentaria.
En 2019 se registraron al menos 35 hechos en los que se vulneró el derecho de periodistas y ciudadanos a dar y recibir información, que acumularon un total de 72 violaciones en esta categoría de acuerdo con los datos del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.
Este mes de enero, se dieron 13 violaciones en tan solo dos días, caracterizadas por las limitaciones arbitrarias de acceso al lugar y por inseguridad para realizar cobertura en la calle, producto del acoso de los cuerpos policiales y los colectivos que apoyan al gobierno.
Solo el 5 de enero, se pudo constatar que 35 medios de comunicación agrupados en 23 medios nacionales y 15 medios y agencias internacionales no pudieron ingresar al edificio parlamentario por no encontrarse dentro de una lista de acreditación paralela creada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, ente que no posee las competencias para permitir o bloquear los accesos a la sede del Poder Legislativo.
Estas actuaciones atentan contra el derecho a la libertad de expresión contemplado en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
La organización insiste en que el Estado venezolano debe cumplir con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y garantizar que los periodistas realicen sus labores informativas sin perjuicio de sus derechos.
Entre los meses de enero y junio de 2019, IPYS Venezuela, con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales, chequeó del impacto de la crisis en los medios de comunicación en 23 estados, y concluyó que al menos 99 medios (televisoras, emisoras radiales, periódicos y medios digitales) se vieron afectados en 142 ocasiones por eventualidades como consecuencia de las fallas de los servicios públicos, hechos de delincuencia y decisiones políticas que terminaron en censura.
En cuanto al deterioro de las garantías de las libertades informativas de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que han ocurrido en Venezuela desde el 2013, cada vez son más recurrentes las violaciones hechas por los funcionarios del Estado.
