CARACAS – Este jueves quedó en libertad plena el Sub Comisario de la extinta Policía Metropolitana, Marco Javier Hurtado, uno de los nueve funcionarios policiales que fue condenado, siendo inocente, por los sucesos del 11 de abril de 2002, luego de cumplir 16 años 8 meses y un mes de secuestro judicial preso.
Hurtado, nació en Maracaibo el 17 de agosto de 1976, fue detenido el 15 de abril de 2003 luego de ser citado a rendir declaración sobre lo sucedido en el Puente Llaguno y la avenida Baralt del centro de Caracas.
Otros ocho funcionarios, entre ellos, los comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Lázaro Forero y Henry Vivas, además del Comisionado de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovis, fueron detenidos y sometidos al juicio más largo y aberrante de la historia judicial de Venezuela.
Durante el dilatado proceso judicial, llevado a cabo en Maracay, estado Aragua, por órdenes del entonces Fiscal general, Isaías Rodríguez, fueron revisadas miles de fotografías y videos, además de cientos de testimonios. Nada alcanzó a probar la culpabilidad de estos funcionarios policiales.
La “causa” quedó identificada con el número 1E-1467-10, en ésta Hurtado fue imputado por el delito de homicidio calificado en complicidad, previsto y sancionado en los artículos 84 y 408 del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez.
El día 03 de abril de 2009 la juez Cuarta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó la sentencia condenatoria sin explicar qué pruebas había encontrado para tomar la decisión. Tampoco permitió que abogados y periodistas hicieran preguntas.
Hurtado permaneció recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.
El caso de los Policías Metropolitanos del 11 de Abril de 2002 ha sido una de las noticias más reseñadas en los últimos tiempos. La prensa nacional e internacional, así como organismos internacionales tales como la ONU y la OEA se han pronunciando condenando la arbitrariedad cometida contra estos hombres de azul.
El pasado mes de junio, cuando la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela, los familiares de estos funcionarios de la PM tuvieron la oportunidad de contar sus testimonios.
Ninguna prueba demostró que ellos habían accionado sus armas esa tarde del 11 de abril de 2002 e incluso, las pruebas balísticas demostraron que la trayectoria de las balas no coincidían con la ubicación de estos funcionarios, no obstante, Arube José Pérez Salazar, Julio Ramón Rodríguez Salazar, Héctor José Rovain, Erasmo José Bolívar, Luis Enrique Molina Cerrada, Marco Javier Hurtado, Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro José Forero López, fueron condenados a las penas máximas de 16, 17 y 30 años de prisión.
