Gobierno de Maduro confiscó varias gasolineras

CARACAS – El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido rescindir de manera unilateral diez contratos de arrendamiento de estaciones de combustible de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) en Carabobo y Caracas.

Los afectados son empresarios privados administradores de las estaciones por varias décadas. Fenegas, la asociación de empresarios de estaciones de servicio, ya ha solicitado una reunión con las autoridades de PDVSA y ministerio de Petróleo.

Por medio de las redes sociales se conoció que uno de los dueños de una de las estaciones afectadas en Caracas, se le informó que deben desalojar la bomba de gasolina y sus oficinas administrativas en las próximas 72 horas.

Este es uno de los expendios de combustible designados por el gobierno de Maduro para vender gasolina a precios internacionales, desde el inicio del nuevo esquema de distribución de gasolina el 1 de junio, luego de la larga escasez del combustible en el país.

“Se le notifica al ciudadano José González que tiene un plazo de setenta y dos (72) horas para entregar el expendio, contados a partir de la notificación, por lo que Pdvsa Petróleo podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento sin hacerse responsable por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto”, indica la notificación.

Pese a que la comunicación tiene la fecha 28 de mayo, antes del nuevo esquema de distribución de combustible, González afirma que la notificación le llegó recién el 27 de junio, un mes después de haber sido expedida.

Pdvsa también tomó posesión de otras diecisiete estaciones de servicio los últimos días en el estado Carabobo. Igualmente notificó de un cambio similar a cuatro operadores de gasolineras en el estado de Sucre.

No está claro aún si la estatal venezolana delegará a otros operadores o asumirá el control de la venta de gasolina en las estaciones de servicio que fueron notificados.

Retraso en la reactivación del país

La Cámara de Caracas exigió al Ejecutivo Nacional y demás autoridades del Poder Público y los directivos de las empresas públicas, entre ellas PDVSA, la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo a los preceptos constitucionales tras la decisión de Petróleos de Venezuela de rescindir los contratos varias estaciones de servicio expendedoras de combustible.

A través de un comunicado el sector empresarial expresa que “los Estados de Excepción decretados por el Ejecutivo Nacional con fundamento en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución no implica la conculcación o restricción indebida de los derechos fundamentales de los particulares, extensibles a las sociedades mercantiles por aplicación de los tratados internacionales, por lo que, en ninguna circunstancia, la actuación de cualquier órgano o ente del Estado podría conllevar su desconocimiento o supresión”.

Exigió “que se evite la realización actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar”.

Sostienen además que “el Estado de Emergencia Económica implica una potestad extraordinaria del Ejecutivo Nacional para actuar dentro de ciertos límites explícitos y temporales, el cual se ha venido extendiendo de forma indebida en contravención de las previsiones constitucionales y de los derechos fundamentales”.