CARACAS – La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la aplicación de cualquier tipo de tasa o contribución tributaria dictada por los organismos o mandatarios, tanto municipales como estatales por un lapso de 90 días.
Así lo señala la sentencia N° 078-2020 de la mencionada Sala del Máximo Juzgado, que además ordena al ciudadano Tareck El Aissami, vicepresidente Sectorial del Área Económica y ministro de Industrias y Producción para que, junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, conforme una mesa técnica con el objetivo de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en especial, lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.
Asimismo, la decisión con ponencia del vicepresidente de la Sala Constitucional, magistrado Arcadio Delgado Rosales, ordena al ciudadano Tareck El Aissami presentar informe detallado de las actuaciones desplegadas en ejecución del dictamen.
Menciona la sentencia que cuando las distintas personas político-territoriales ejercen sus competencias en materia tributaria, debe ser bajo los principios y valores que informan al sistema tributario en general, indicados en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar que las entidades político-territoriales no excedan los límites constitucionalmente establecidos.
En ese sentido, agrega la Sala del TSJ que la coordinación y armonización del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios que ordena el Texto Fundamental, permitiría homogeneizar tantos los tipos impositivos como los procedimientos tributarios, con el objetivo de que los contribuyentes que realizan su actividad económica en diferentes entidades político-territoriales, tengan un mínimo de certeza sobre los procedimientos tributarios y cargas fiscales que genera su actividad productiva.
En ese sentido, se estarían creando condiciones que tiendan a promover y mantener el desarrollo económico y social del país.
Sin autonomía
Esta decisión es un exabrupto que se lleva por delante la autonomía de los municipios y las regiones, y se salta por completo la descentralización prevista en la Constitución, plantea Omar Villalba, director del Observatorio Vecinal.
“Desde esta plataforma de participación ciudadana consideramos que la decisión del poder judicial atenta contra la autonomía de los gobiernos municipales y regionales, que según la ley del poder público municipal, son competentes en la fijación y ajustes de los tributos municipales”, señaló.
Villalba subraya que en un contexto en el que el situado constitucional, y los recursos que el poder central entrega al resto de los niveles de Gobierno por otras vías, no representan un monto significativo para la ejecución de obras, es contraproducente dejar sin efecto cualquier iniciativa que impacte positivamente en la recaudación.
“El vecino tiene conciencia de la situación que viven las alcaldías, por eso, en la mayoría de los casos no hay una percepción negativa de los ajustes. Es por ello que hoy, asumimos este respaldo a los gobiernos locales y reivindicamos la autonomía y la descentralización como bases para el desarrollo de nuestros gobiernos”, afirmó.
