Denuncian que 1.611 personas fueron asesinadas por fuerzas públicas

CARACAS – La ONG Provea y el Centro Gumilla denunciaron que en la gran mayoría de casos de la muerte de ciudadanos en Venezuela, la versión oficial apunta a un supuesto enfrentamiento entre las víctimas y los organismos de seguridad, una declaración que es desmentida por familiares de los fallecidos.

Los diversos cuerpos de seguridad venezolana son responsables de unas 1.611 muertes registradas durante el primer semestre del año, de acuerdo a una investigación difundida este domingo por las dos organizaciones no gubernamentales, que registran estos decesos como presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad”, dice una nota de prensa del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

La ONG, que realizó la investigación junto al Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla”, explica que estas muertes “son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad del sistema de administración de justicia”.

“Los funcionarios actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, expresa el documento.

“En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”, subrayan.

El estudio detalla que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), es la autora de 25,8% de los casos con 417 asesinatos cometidos principalmente por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), un cuerpo que la Organización de Naciones Unidas (ONU), pidió disolver al considerar que son responsables de ejecuciones extrajudiciales.

Del resto de asesinatos, 400 son responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 399 de las policías regionales y 57 por los cuerpos de seguridad municipales, pese a que estos que tienen un mandato principalmente preventivo, según la ONG.

En el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), denuncian que está detrás de 222 muertes violentas, sobre todo por actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Llama la atención el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la Fanb. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, señalan las ONG.

Por su parte, el Comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, documentó e informó sobre el abuso policial que ejercen la administración de Nicolás Maduro sobre la ciudadanía en Venezuela a la Alta Comisionado de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet.

También envió la información al Secretario Ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.