CARACAS-La diputada Nora Bracho alertó sobre la precariedad de los servicios públicos en el estado Zulia, donde cada día se agudiza la situación ha generado un caso total.
Denunció que los cortes de energía eléctrica son de 6 a 12 horas, lo que está afectando el desarrollo del ciclo escolar que ya comenzó.
Alertó que 96% de los zulianos tiene cortes eléctricos constantes y permanentes, además del nuevo racionamiento anunciado por el gobernador Omar Prieto, lo que afectará más a los sectores comerciales e industrias que registran un 80% de cierre, no solo por la pandemia, sino por los constantes cortes de la electricidad en la región.
La parlamentaria agregó que el problema con el gas también se ha empeorado, llevando a la gente a tener que cocinar con leña y a desmejorar considerablemente su calidad de vida al igual que la falta de gasolina, llevando a la población a permanecer horas y días en colas para poder surtirse de combustible, le cual deben además pagar a preciso dolarizados.
Atentados de fin de semana
Por su parte el diputado Juan Carlos Velazco, denunció que en el Zulia el crimen organizado utiliza las granadas como medida de presión para extorsionar a comerciantes, al referirse a los ataques perpetrados durante la noche del viernes y la mañana del sábado 19 de septiembre a dos establecimientos en diferentes municipios de la entidad.
Dijo que los cuerpos policiales no han detenido a los responsables de estos hechos, y está seguro que ya saben quiénes son sus cabecillas.
En tal sentido, pidió una respuesta a las autoridades competentes frente a la violencia criminal que no respeta ni a la pandemia, pues uno de los ataques fue con una granada a la clínica Paraíso ubicada en Maracaibo, la cual dejó tres heridos y pérdidas materiales.
Indicó que el otro ataque fue contar el comercio la Casa Japón en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, lo cual poso el peligro la integridad física de los empleados y clientes del negocio.
Alertó que la población está en zozobra ante los acontecimientos que buscan amedrentar a los empresarios para lograr el cobro de una “vacuna” por parte delo delictivos, para a no atentar contra las infraestructuras laborales n sus familiares.
