CARACAS – La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) manifestó su rechazo a la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que contraviene de manera expresa la Constitución y obvia todos los pasos necesarios para la legalidad requerida.
El gremio industrial expresó mediante un comunicado que dicho instrumento jurídico, lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo venezolano, está separado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera nacional.
Conindustria solicitó la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar perjudiciales para la nación y en especial para las empresas nacionales, “ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales. Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela”, señala.
En el texto, la organización señala que esta “Ley” fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no posee la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en esa área y que la misma otorga a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por Emergencia Económica, bajo la justificación de que es necesaria para contrarrestar los efectos de las llamadas “sanciones”.
Entre los objetivos descritos en el citado instrumento jurídico, resalta el de “(ii) Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”.
“Como gremio representante de más del 80% de la industria manufacturera nacional señalamos que tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna”, reza el texto.
También indica el comunicado que la “Ley” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. “Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
El gremio subraya su preocupación respecto a que en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas, llevando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo sin transparencia y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños.
“La propiedad privada sigue estando en peligro de extinción. Y con ella los sueños de millones de ciudadanos que tienen en el sector privado, especialmente en la industria, su principal y única fuente de sustento. Como venezolanos y como empresarios, nos preocupa el destino de este país y el de sus habitantes” agrega el texto.
