CARACAS – La administración de Nicolás Maduro apresura la aplicación de la Ley Antibloqueo para ingresar capital privado a empresas públicas que, desde hace tiempo, se habían reconocido como inviables. Una de ellas es Agropatria, la entidad estatal que tomó control de los activos de la histórica Agroisleña, una entidad de insumos y financiamiento muy importante para el sector agropecuario, durante más de seis décadas.
Sin ningún aviso, los empleados de las tiendas Agropatria recibieron un oficio donde se les notificó que su patrono ya no será el estado venezolano, sino una empresa denominada Grupo Agrollano 2910 C.A, a partir del pasado 1 de noviembre.
En la cuenta de Twitter del portal de tendencia oficialista La Tabla refiere que “la comunicación explica que la medida le da cumplimiento a la cláusula segunda de la Alianza Estratégica entre Agropatria y #Agrollano firmada el 14ABR de 2020 y cuyo objetivo es consolidar la producción de agroquímicos y herramientas. La alianza tiene una duración de 20 años”.
Así comienzan los problemas asociados a estas transferencias que se pueden catalogar como privatizaciones, hechas al amparo del secreto que autoriza la Ley Antibloqueo. Las primeras víctimas son los trabajadores, cuyas condiciones laborales no están claras.
En el caso del Central “Pío Tamayo”, en el estado Lara, la nueva empresa que asumió la operación de la procesadora anunció a más de 500 trabajadores que habría contrato para el personal heredado por un lapso de 3 meses, luego que el gobierno no los liquidara de acuerdo con los términos de la ley.
El diputado Guillermo Palacios, denunció al sindicato del central y a la alcaldesa del municipio Morán, Gisela Rodríguez, de aceptar las irregularidades en el traspaso del central. “El sindicato y la alcalde de Morán conocen de esta situación desde hace tiempo de estos desafueros que se están cometiendo contra los activos del país y contra estos trabajadores”, expresó.
En el caso de Agropatria se habla de una Alianza Estratégica del gobierno con una empresa sobre la que no se aportan detalles. Tampoco se sabe en qué condiciones de distribución de capital queda la empresa.
Iraníes en Lácteos Los Andes
La planta de Lácteos Los Andes, ubicada en Cabudare, estado Lara, habría sido entregada a un grupo empresarial iraní, en el marco de la Ley Antibloqueo, informó de manera extraoficial Punto de Corte (PDCTV).
Según un trabajador de la empresa, todos los cargos gerenciales serán reemplazados por iraníes, mientras que los trabajadores de la antigua estatal, pasarán a asumir nuevas posiciones directivas.
“En efecto, individuos de origen Iraní han visitado y supervisado la planta de Cabudare, pero hasta el momento no existe un anuncio oficial”, señaló la fuente.
Además, se avecina el despido de cientos de trabajadores, tal como informó Banca y Negocios el pasado 24 de noviembre.
