CARACAS – Según el portal especializado Petroguía, los partidos que integran la mayoría en la vigente Asamblea Nacional no tienen un acuerdo sobre apelar la decisión de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, quien declaró sin lugar la anulación de la emisión de los bonos Pdvsa 2020.
De acuerdo con lo que se conoce luego de la sentencia, la apelación sería introducida a partir del 1 de diciembre, cuando se publicó el fallo judicial, ya que solo hay 30 días para presentar el recurso; no obstante, ahora parece que hay dudas.
“La Asamblea Nacional y el propio presidente Juan Guaidó deben tomar una decisión para definir sobre cuál estrategia legal se debe seguir”, dijo una fuente vinculada a la Procuraduría Especial. “Lo coherente sería apelar, pero no hay acuerdo entre los principales grupos políticos, sobre todo entre Voluntad Popular y Primero Justicia”, acotó la fuente citada por Petroguía.
Por su parte, la Procuraduría Especial designada por Guaidó cumplió el trámite previo a la apelación que fue la presentación de una “nota de protección”.
La sentencia es clave como precedente para determinar, en la corte distrital de Delaware, si finalmente se ejecuta la garantía que pesa sobre 50,1% de Citgo como colateral de los bonos Pdvsa 2020. La empresa petrolera solo está protegida por una licencia del gobierno de Estados Unidos que prohíbe cualquier transacción con sus activos.
Las diferencias políticas han surgido por parte de la actuación de dirigentes de Primero Justicia que han advertido la inconveniencia de apelar; y por otro lado, agentes vinculados al Fondo Ashmore (principal acreedor de los bonos PDVSA 2020) se han encargado de propiciar encuentros con las autoridades del parlamento, según Petroguía.
Una fuente de la fuerza política Voluntad Popular dijo en la noche de este 2 de diciembre que el partido confía en que se realice la apelación, aunque reconoció que la situación “se está evaluando” en el gobierno interino.
“En este momento, es complejo llegar a un acuerdo con los acreedores, porque hay incertidumbres importantes en nuestro sector y en la política de Estados Unidos que, en líneas generales, no debe cambiar, pero habrá que ver los detalles con la nueva administración”, dijo la fuente.
A juicio del informante, la idea es no dejar de lado ninguna opción legal para proteger a la empresa Citgo hasta que no se tenga claro el funcionamiento del gobierno interino.
