CARACAS – La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) denunció con preocupación, los constantes ataques que han sido objetos las organizaciones de la sociedad civil, defensores de los Derechos Humanos y periodistas en Venezuela.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU, lamentó el reciente en el estado de Zulia, cuando los cuerpos policiales del Estado y los regionales allanaron la ONG Azul Positivo, incautando documentos y arrestando a cinco empleados.
Señaló la representante del organismo, que es la segunda vez en los últimos dos meses que se ataca a una ONG humanitaria, acusada de recibir “supuesto” financiamiento del exterior”, hecho que realmente no debería tener relevancia alguna, pues como ONG requiere fuentes externas para financiarse.
No obstante, han sido tildados de fomentar el terrorismo y de ser una amenaza para la nación.
Adicionalmente, diversos medios opositores también han sufrido ataques, intimidación y confiscación de equipos, obligando el cierre de VPITV, lo que lleva a suponer que los propios periodistas se están censurando a sí mismos por miedo.
Ante la coyuntura presente en Venezuela, la ONU instó a las autoridades que “dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de Derechos Humanos o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida”, afirmó Hurtado.
Dejar acoso
Por su parte, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, emitió un comunicado manifestando su preocupación y pidiendo dejar el acoso, por los ataques contra las ONG, defensores de Derechos Humanos y medios de comunicación en el país.
En un comunicado rechaza la detención arbitraria de los seis integrantes de la ONG Azul Positivo, el pasado 12 de enero, a quienes aún mantienen detenido sin poder ver a sus familiares ni abogados, y sobre quienes recaen cargos que se desconoce el por qué se les impugnan.
El texto de la oficina de Bachelet manifiesta que los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales y cuestiona que funcionarios públicos están exhortando a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal.
Asimismo, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió a Bachelet, a través de su Twitter a condenar definitivamente los ataques de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los trabajadores humanitarios en Venezuela.
