CARACAS – El Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de Zulia dictó una medida preventiva privativa de libertad a los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo detenidos el pasado martes 12 de enero por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) informó sobre la decisión de la jueza Yesiré Rincón Pertuz. Debido a esta medida, serán recluidos en la sede del Dgcim de Maracaibo los ciudadanos Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo de Azul Positivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social.
Los integrantes de la ONG fueron acusados por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos analógos, asociación para delinquir y legitimación de capitales; aunque la organización se dedica a la lucha contra el VIH y ayuda a pacientes diagnosticados con esa enfermedad.
Para Codhez, estas acusaciones son absurdas, ya que implican que se criminaliza el programa de transferencias para alimentación, llevado a cabo por Azul Positivo, que beneficia a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, Zulia.
Por este motivo, rechaza la orden dictada por el tribunal y exige la liberación inmediata de los cinco trabajadores humanitarios de la ONG ante un proceso “írrito# que instrumentaliza la justicia en Venezuela y cierra el espacio humanitario en el país.
Destaca también que la detención de miembros de Azul Positivo implica riesgos para aquellos que se beneficiaban de la ONG, tanto personas con VIH como familias en situación de inseguridad alimentaria.
Por esta razón, Codhez pidió al sistema humanitario internacional instalado en Venezuela, hacer un pronunciamiento firme “ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario”. Este llamamiento se hizo en referencia a la alianza que mantiene Azul Positivo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONU-SIDA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que no se han pronunciado al respecto.
Violaciones a los DDHH
Allanamientos, confiscaciones de equipos y detenciones arbitrarias son parte de los hechos que denuncia la ONU en Venezuela. En su comunicado, la oficina de Derechos Humanos menciona particularmente a la ONG “Azul Positivo”, que fue allanada por las fuerzas militares y cinco de sus miembros se encuentran bajo arresto.
Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, donde sucedieron los hechos manifestó que “se trata de una asociación que ha trabajado durante 15 años en la asistencia humanitaria y que es aliada de ACNUR, ONU Sida y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA)”.
“Es difícil entender la razón por la que una ONG que practica asistencia humanitaria en asociación con Naciones Unidas sea objeto de allanamiento y sus trabajadores, encarcelados”, expresó.
Por su parte, Rafael Uzcátegui coordinador general de Provea, condena que en Venezuela se hayan venido normalizando los ataques contra las organizaciones no gubernamentales y alertan que “a nivel internacional es una señal de alarma contra la sociedad civil”; por lo que el llamado es a seguir defendiendo y valer los derechos y aumentar los niveles de protección de los defensores de DDHH.
