CARACAS -El director general de FundaRedes, Javier Tarazona, afirmó que aún con amenazas y judicialización no lograrán silenciar “al gran movimiento de Derechos Humanos venezolano”.
Desde la ONG, expresaron su contundente rechazo a la criminalización de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que ha arreciado en los últimos días con la detención de los miembros de Azul Positivo y las amenazas contra integrantes de Provea y de otros organismos.
Tarazona aseguró que quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los defensores de derechos humanos en un intento por ocultar lo que ocurre en la nación.
Denunció que buscan impedir la asistencia humanitaria que estas organizaciones civiles han ofrecido a la población más vulnerable y desasistida que enfrenta las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja.
Advirtió que lo ocurrido con los miembros Azul Positivo, es una detención arbitraria y una persecución sin razones, ya que se trata de una organización dedicada a la asistencia humanitaria en el estado Zulia, con más de 16 años de labores, que solo ha atendido a ciudadanos desvalidos con programas destinados a personas con VIH y a promover la salud sexual.
El director de FundaRedes también alertó sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización hermana Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela y que hoy quieren callar para cerrar sus puertas.
Recordó que las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela trabajan para darle atención a miles de víctimas que a diario padecen las vulneraciones de sus derechos fundamentales, a quienes se les seguirá dando voz en todas las instancias que sean necesarias, sin importar las amenazas que lanzan buscando detener esa importante tarea que ha logrado demostrarle al mundo lo que hoy padecen los ciudadanos en Venezuela.
Se suman organizaciones
Más de 80 organizaciones de la sociedad civil radicadas en el Área Metropolitana de Caracas, rechazaron de manera “enérgica y tajante” la decisión del tribunal 4to de Control del estado Zulia, tras dictar medida de privativa de libertad en contra de los cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo.
La información se dio a conocer mediante un comunicado emitido este lunes, en el que las más de 80 organizaciones expresan que la decisión agrava el patrón repetitivo de hostigamiento y persecución contra quienes, en ejercicio de su derecho de libertad de asociación y reunión, intentan aliviar el sufrimiento de la población bajo la emergencia humanitaria compleja y la pandemia por coronavirus.
“Los más afectados de esta decisión son las 9.000 personas, pertenecientes a comunidades vulnerables del estado Zulia, que han venido beneficiándose de la labor de la ONG, con varios años de trabajo en la región”, reza la misiva.
Los defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil creen que este año 2021 se intentará silenciar e imposibilitar a quienes hablan fuerte, alto y claro sobre el sufrimiento de los venezolanos ya que hay antecedentes que reflejan que los ataques se han focalizado contra los trabajadores humanitarios en el país.
“Queremos reiterarles que, para las organizaciones de Caracas, cualquier ataque contra nuestros compañeros y compañeras del interior lo sentiremos y asumiremos como propio. Y, por tanto, realizaremos todas las gestiones y movilizaciones a nuestro alcance para que tengan la mayor difusión posible. Su valentía para trabajar en las condiciones de riesgo en las que lo hacen es para nosotros una inspiración”, dice el documento que firman las más de 81 organizaciones.
