CARACAS – El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Gerard Hogan, aseveró este miércoles que Venezuela tiene derecho a recurrir las sanciones que fueron impuestas por el bloque europeo y cree que el Tribunal General del organismo debe reparar al no admitir la acción interpuesta por nuestra nación contra las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo Europeo en 2017.
El letrado considera que las autoridades venezolanas sí estaban legitimadas para poder recurrir la anulación de esas medidas porque al entender que se puede considerar como persona jurídica, atendiendo lo que significa el Derecho Internacional.
“Un Estado tercero puede tener legitimación para interponer un recurso por el que se solicita la anulación de las medidas restrictivas adoptadas contra él por el Consejo de la UE”, afirmó el abogado y agregó que los tribunales deben estar abiertos para recibir los recursos interpuestos por otros estados soberanos.
En ese sentido, sugiere que el caso sea devuelto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la admisibilidad suscitada en el recurso de anulación que interpuso Venezuela.
Hogan se desmarca así del dictamen de primera instancia por considerar se “incurrió en error de Derecho al considerar que el recurso era inadmisible por carecer de legitimación activa la República Bolivariana de Venezuela”.
A pesar de que las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia del bloque regional, son tenidas en cuenta en el 80% de los casos.
Por su parte, la Unión Europea (UE) decidió extender hasta noviembre de 2021 las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro -que están en vigencia desde 2017- debido a la crisis política, económica, social y la emergencia humanitaria compleja que se mantiene en la nación caribeña.
Mediante un comunicado, la UE informó que a esa situación se suman acciones persistentes contra la democracia, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos. Señaló que la extensión de las medidas entra en vigencia el viernes 13 de noviembre de 2020.
Las sanciones impuestas por la Unión Europea incluyen un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna. También la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes a varias personas que ocupan cargos oficiales. Indicaron que igualmente son responsables de violaciones de los derechos humanos o de quebrantar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
El 19 de enero, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el bloque de 27 países mantendrá “la necesaria presión calibrada y selectiva” sobre el gobierno de Nicolás Maduro para lograr una salida democrática a la crisis venezolana.
En medio de una presentación en la Eurocámara, Borrell dijo que seguirán dialogando “con todos los actores” que estén dispuestos a trabajar por el restablecimiento de la democracia en el país, y especialmente “con Juan Guaidó y los representantes de la Asamblea Nacional saliente, electa de manera democrática en 2015”.
