CARACAS – El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López Domínguez, aseguró que no existen “grandes invasiones” en el país, por lo que hace un llamado a la población a no caer en rumores o miedos sin base.
“A veces se crean rumores o noticias falsas, no es que no haya habido invasiones, pero no hay unas grandes invasiones, no podemos generar miedo a la población con base en hechos no demostrados. Ha habido intentos de invasión y como Cámara hemos perseguido a esos invasores”, destacó.
López manifestó que no existe una política gubernamental, por parte de la administración de Nicolás Maduro por lo cual su exhorto al Ejecutivo es emitir comunicados y declaraciones que “no es una política de Estado” y fijen posición con respecto a la propiedad privada, ya que en ocasiones ha sido vulnerada.
“He tenido un acercamiento con algunos personeros del gobierno para ver si de verdad es una política de Estado (…) y la respuesta ha sido: no, no, es una política de Estado”, afirmó.
Agregó que del lado de la cámara se debe evitar propiciar o correr rumores de noticias y comentarios “que no llevan a ningún lado”.
“No caigamos en un estrés sin necesidad, defendamos la propiedad privada”, expresó.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela dijo que para reactivar el mercado primario es necesario modificar dos o tres artículos, referentes al arriendo de inmuebles en divisas, considerando la crisis económica que vive el país; no obstante, es vital considerar de igual forma los contra, “porque no va a pasar que te paguen doce meses adelantados en divisas, lo más lógico es que te pidan dos o tres meses de depósito”, afirmó.
Señaló que son cambios sencillos que pudieran reactivar rápidamente el mercado inmobiliario.
Por su parte, la Cámara Inmobiliaria del estado Lara alertó sobre las denuncias de ocupaciones ilegales de viviendas y edificios de oficinas en el país luego que la diputada Iris Varela propuso confiscar los bienes de los venezolanos que viven en el exterior.
Marco Azuaje, presidente de la Cámara, solicitó a las autoridades evitar que se produzcan estas irregularidades pues, subrayó, el Estado está en la obligación de cumplir con el respeto a la propiedad privada por mandato de la Constitución.
