MADRID – Las autoridades judiciales de Madrid insisten en investigar todos los contratos suscritos entre el partido Podemos y la consultora mexicana Neurona, según indica un escrito incorporado el 27 de enero a la causa que se instruye en un juzgado de la capital.
El ministerio público, que desde un principio apoyó limitar estas extensas investigaciones a los vínculos entre la fuerza política y la empresa latinoamericana, considera apropiado seguir el rastro a todos los acuerdos firmados entre ambas partes luego de que, a su juicio, existan indicios de delito en el contrato cerrado para las elecciones generales de abril de 2019, que el Tribunal de Cuentas ya puso bajo sospecha.
El juez Juan José Escalonilla, que abrió esta investigación el pasado verano, ahondó sobre este contrato sellado para la convocatoria electoral de hace dos años, que califica de “simulado”. Según escribe en varios autos, constan señales de que Neurona no llegó nunca a realizar los trabajos para los que fue contratada por 363.000 euros y que, ciertamente, ese dinero se desvió a través de otra compañía mexicana, Creative Advice Interactive. Por ello, la pasada semana, el magistrado ordenó a la Policía Nacional que examine varios vídeos proporcionados por Podemos como prueba de que la consultora colaboró en la campaña.
“El principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona, indiciariamente constitutivo de delito electoral, como se ha venido reiteradamente exponiendo a lo largo de este procedimiento”, apunta la Fiscalía en su reciente escrito. Agrega: “Si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y Unidas Podemos”.
La fiscalía hizo esta apreciación luego de que el partido liderado por Pablo Iglesias objetara la iniciativa del magistrado de examinar también la relación entre la consultora mexicana y la campaña electoral de la coalición que incluye a Izquierda Unida para las elecciones de la Comunidad de Madrid de mayo de 2019. “El hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación”, señala la acusación pública, que recrimina a Podemos: “Casi siete meses después de iniciar las investigaciones, no se ha podido determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo, así como dónde se hospedaron, información de fácil acceso que no ha sido facilitada”.
El ministerio público apoya, no obstante, el archivo de la parte de la causa relacionada con los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido, que ya fue sobreseída por el juez. El magistrado también ha dado terminado el asunto a las líneas de investigación emprendidas por el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora de la formación; el supuesto desvío de dinero de su caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”; y los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
Redacción Madrid
