MADRID – Las políticas de vivienda y de igualdad provoca desavenencias en el Gobierno de coalición por las políticas reales, que se van acrecentando, acompañadas por otras pugnas más crudas pero que no atañen a la agenda legislativa, como los disturbios a consecuencia de la detención del rapero Pablo Hasél.
Igualmente, la agenda feminista se enfrenta por segunda vez a un aumento de la temperatura conforme se aproxima el 8-M, amenazando con contaminar la única causa transversal, junto al ecologismo, que atraviesa estos tiempos.
Esas son las colisiones políticas reales en la coalición tripartita del Gobierno –en la que operan tres actores cada uno con su propia agenda: el sanchismo, liderado por el presidente Pedro Sánchez y su número dos, Iván Redondo; el veterano socialismo del bipartidismo, dirigido, también desde la Moncloa, por la vicepresidenta Carmen Calvo; y el socio minoritario, Unidas Podemos, liderado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias– y a las que no se percibe solución a corto plazo.
La intensidad de esos debates referentes al activismo callejero, normalidad democrática y republicanismo, excitan el ambiente social y trasladan una sensación de precariedad en la coalición. Pero la verdadera pugna de la política real circula estos días entre Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por una parte, y entre Iglesias y la vicepresidenta tercera Nadia Calviño –con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como superconductor del dilema–, por la otra.
A medida que se acerca el 8-M, cuya celebración será menos multitudinaria por la pandemia, sigue abierta la discusión sobre cómo despatologizar al colectivo trans sin que haya habido entre dos feminismos, vintage y actual, acercamiento alguno y con el agravante de la operación Zerolo, con la que el PSOE se adelantó al ministerio de Montero. Calvo tiene muchas objeciones, como hace un año, a la destreza legislativa de Igualdad, pero no las pone por escrito, así que el ministerio no puede incorporarlas.
En otro tema, el PSOE se resiste a una política intensa de intervención en el mercado del alquiler de vivienda, a pesar de que ni el estado comatoso del airbnb por la pandemia ni los millones de viviendas vacías, retenidas fuera del mercado, estén contribuyendo a relajar los precios. Los socialistas desconfían de la eficacia de intervenir los precios, visto el modesto resultado en otros países.
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral y el por entonces portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ya discutían en el 2018 sobre la necesidad de disponer de un parque amplio de vivienda pública en oferta de alquiler que supusiese una cuota de mercado alta como mecanismo óptimo para contener los precios. Ante esa duda, sigue abierta la tensión entre el llamado nacional-ladrillismo –que postula construir más para mejorar esa oferta, a pesar de la cantidad de vivienda vacía existente– y las políticas de intervención que fuercen a introducir en el mercado la vivienda vacía, bien mediante el gravamen fiscal o, en términos más radicales, una política ambiciosa de expropiaciones de casas sin uso, en propiedad de entidades financieras y fondos de inversión. El debate está completamente trabado, a pesar del acuerdo consignado en el pacto de coalición, y de que en noviembre se acordó sacarlo de los presupuestos para evitar más problemas y dejarlo para una ley de Vivienda que tendría que haberse presentado.
La fuerza política Podemos a muchas de las iniciativas redobla la presión en sus diferencias con el PSOE. “Qué prisas tienen para todo”, lamentan en el sector socialista del Ejecutivo, donde demandan hacer las cosas “bien, y no rápido y mal”. Y desde la formación morada se denuncian al tiempo bloqueos y demoras injustificadas que aseguran que les “exasperan”.
Lejos de ir coordinando los tiempos, los socios difieren en los ritmos de cada vez más iniciativas, por ejemplo los indultos a los líderes independentistas a la reforma “dura” del Poder Judicial, que la formación morada quería mantener viva y Sánchez ordenó congelar. Como de la futura ley de Vivienda a la nueva legislación LGTBI, o la reforma de los delitos que afectan a la libertad de expresión y que tienen estos días exaltada a la calle, a las tertulias y a la coalición.
