ONG deben inscribirse en la Oficina contra financiamiento al terrorismo

CARACAS – Las ONG venezolanas deberán inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial n° 42098 de fecha 30 de marzo de 2021, providencia n° 001-2021, ordenado por el Ejecutivo.

“Una vez más el régimen de Maduro pretende controlar las ONG, en esta ocasión por medio de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, denunció Acceso a la Justicia en Twitter.

En ese sentido, las organizaciones sin fines de lucro tendrán que suministrar información de las actividades que realicen y otros datos requeridos por dicha oficina.

“El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”, destacó la organización.

Entre los requisitos que deben cumplir para inscribirse en el registro se encuentra la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciban donaciones o aportes (art. 6.4); así como también un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales, y de otras organizaciones con las que hayan acordado algún tipo de asociación (artículo 6.6).

“Además, se exige el listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades que ejerza la organización sin fines de lucro (artículo 6.5)”, explicó la ONG.

Trato de terroristas

Con un tiempo de 30 días para registrarse y con exigencias de develar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los donantes y quiénes los socios, las autoridades pretenden inmiscuirse en las labores de defensa de derechos humanos, así como en el trabajo de ayuda humanitaria que las ONG realizan en el país.

“Es ilegal desde todo punto de vista porque se les está dando (a las ONG) un trato de terroristas porque parte del principio de que si no te registras, eres terrorista; ya por ahí hay un trato inadecuado, sobre todo a las organizaciones que estamos registradas en Venezuela”, detalla Luis Francisco Cabezas, director de Convite.

Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), explica que esta “normativa es inconstitucional” porque obstaculiza el trabajo de miles de organizaciones que trabajan en el país por la justicia, el bienestar social y la defensa de los derechos humanos.

Tanto Provea como Convite insisten en que no tienen problema con dar esta información, pues recuerdan que es de manejo público y mencionan a la Unión Europea, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch (HRW), así como otras organizaciones del continente.

Redacción Caracas