CARACAS – El exparlamentario, Rafael Narváez, se pronunció ante el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro en aplicar un cerco jurídico a las ONG y a la sociedad civil “para subordinar la ley de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo así convirtiéndolas en delatores de víctimas con sus testimonios”, expresó el defensor de los Derechos Humanos.
Al coordinador nacional por los derechos civiles, le sorprendió esta nueva escalada del Estado en contra de los Derechos Humanos y las organizaciones que se dedican a esta labor.
“Un Estado que sigue sentado en el banquillo de la CPI por el expediente en curso, donde la antigua Fiscal Fatou Bensounda declaró que existen razones para creer que en Venezuela se cometieron Crímenes de lesa humanidad”, señaló.
Agregó que el informe de la misión independiente de determinación de los hechos de la ONU “este califica y responsabiliza al Estado de cometer crímenes de Torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, ejecuciones extra judiciales, violencia sexual, detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas tipificados en el Estatuto de Roma donde el país es signatario al firmar en el año 2000 dando competencia a la CPI una vez que se aprueba el informe preliminar se inicie la investigación”.
Narváez manifestó que el gobierno “nuevamente se equivoca de adversario, el enemigo es la crisis económica por la hiperinflación, la crisis sanitaria con una pandemia de la Covid-19” que viene desatendiendo a la población sin vacunas con un incremento de contagios y cifras de fallecidos diariamente.
Afirmó que la administración de Maduro “no tendrá la fuerza suficiente para silenciar nuestras denuncias en defensa de la víctimas de violación sistemática DDHH, siempre se abrirá una ventana para acompañar el dolor y el sufrimiento de los oprimidos, yo seguiré con más fuerzas y determinación con la protección del espíritu santo que con eso me basta para mantenerme vivo y en libertad”.
Provea se niega a identificar beneficiarios
El directivo de Provea, Marino Alvarado reafirmó que no entregará la lista de sus beneficiarios al Gobierno. “Desde Provea nos negamos absolutamente a dar cualquier nombre de cualquiera de nuestros beneficiarios. No lo vamos a hacer asumiendo los riesgos que haya que asumir”, fustigó.
Alvarado manifestó que eso pondría en riesgo la seguridad de las personas que declaran, y agregó que ¿cómo le vamos a dar al Gobierno los nombres de gente que denuncia a la Faes? Eso significa ponerlo en riesgo de que lo busque la Faes, lo detenga y lo asesine”.
El gobierno publicó recientemente en Gaceta Oficial una “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” que obliga a suministrar información a las ONG.
Alvarado considera que esta normativa es un paso del cerco de la revolución a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para beneficiar a los más desprotegidos de la población venezolana.
Señaló que la ONG no hará el papel de patriotas cooperantes “de estar dándole al gobierno información que ponga en riesgo la libertad, la seguridad física e incluso la vida de los beneficiarios”.
Redacción Caracas
