Empresas nacionales entregadas al sector privado siguen paralizadas

CARACAS – El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) reveló que cuatro empresas del estado Lara que pertenecen al sector agroindustrial y telecomunicaciones siguen paralizadas.

Dichas empresas permanecen sin inversión de maquinaria ni de materia prima para producir y manteniendo a los empleados con bajos salarios, lo que ha derivado en renuncias masivas en los últimos siete meses.

De acuerdo a La Prensa de Lara, unas 64 empresas estatizadas a partir de 2007, han pasado a manos de capital privado en Venezuela desde el 9 de octubre de 2020, fecha en que la extinta Asamblea Nacional Constituyente aprobó la “Ley Antibloqueo” la cual otorga poderes extraordinarios al presidente Nicolás Maduro para hacer acuerdos “secretos”, con empresarios nacionales o extranjeros.

La olla se destapa cuando Nerenny Rodríguez, coordinadora del Consejo Productivo de Trabajadores en Lara, denunció en Venezolana de Televisión, en pleno Congreso Presidencial de Gobierno, que los empleados de Lácteos Los Andes no son escuchados por las junta directiva para impulsar la producción siendo afectados quienes trabajan en la planta Cabudare y en la Planta Procesadora de Frutas y Tubérculos Ana Soto, ubicada en Bobare municipio Iribarren, donde se desempeña como analista de atención al ciudadano.

El reclamo provocó la reacción inmediata de Maduro, quien solicitó al nuevo Ministro del Trabajo José Rivero, iniciar una investigación profunda en la empresa. “En la junta directiva debe estar la clase obrera”, señaló.

Rodríguez acotó que cuatro sedes a nivel nacional de Lácteos Los Andes, entre ellas la de Cabudare y Machiques en Zulia, fueron traspasadas en calidad de comodato a final de 2020 a un “grupo iraní privado” para su administración llamado Venilac, pero trabajadores desconocen quienes son los empresarios y a la fecha los sindicatos no se han reunido con ellos, para conversar sobre proyectos de inversión y planes de producción.

“Criticamos que estos traspasos de activos de lo público a privado se llamen privatizaciones, porque una de las características de la privatizaciones es que deben ser totalmente transparentes, para que la población se asegure que el adquirente sea el más idóneo, realice un pago justo y que el destino de ese dinero que entra sea invertido después en un fondo para planes sociales u obras del Estado”, recalcó Andrea Rondón miembro de Cedice Libertad.

“En Venezuela, lo que tenemos son unas operaciones secretas donde el régimen se reserva toda la información. Hoy uno acude al Registro Nacional de Contratistas a solicitar información de estos empresarios y es negada”, señaló.

Redacción Caracas