CARACAS – El empresario venezolano Samark López, quien fue acusado de ser “testaferro” del ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Tareck El Aissami, demandó el jueves 30 de junio al Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunciando que es víctima de una falsa campaña contra su persona que lo hace ver como un capo del narcotráfico.
Según una nota de Associated Press, la el equipo de abogados de López presentó la demanda en la corte federal de Washington. Además, el texto refiere que su vinculación con el narcotráfico habían demolido su riqueza, reputación y sustento económico.
El portal state.gov recuerda que tanto Samark López Bello como Tareck El Aissami, fueron señalados como “narcotraficantes” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 13 de febrero de 2017 y se refiere que el empresario está ligado al lavado de dinero.
Fundamentan que desde 2017, López Bello coordinó con personas y ciudadanos en territorio estadounidense para fletar vuelos privados usados por el mismo El Aissami y otros altos funcionarios del Gobierno chavista para viajar por Estados Unidos, Venezuela y países como República Dominicana, Rusia y Turquía.
Igualmente, se dice que Samark López tendría relación con las FARC, aunque su defensa ha dicho que tales conexiones son muy débiles “en el menor de los casos”.
El 8 de octubre de 2020, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó una recompensa de $5 millones para enjuiciar en ese país al empresario venezolano Samark Lopez Bello, subrayando que tiene relación con los $10 millones que dan por datos que permitan capturar a El Aissami –emitida el 26 de marzo de ese año– y hasta $5 millones por el Superintendente Nacional de Criptomonedas, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, que se anunció el 1° de julio de 2020.
Más tarde, las autoridades de Estados Unidos vendieron una propiedad de Samark López que fue confiscada en 2016; una finca palaciega ubicada en Coral Gables, Florida, de aproximadamente unos 15.000 pies cuadrados.
La negociación de la propiedad de López se hizo luego que Estados Unidos confiscara los bienes del amigo de El Aissami como parte de una decisión judicial en el marco de un juicio contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), específicamente cuando secuestró a cuatro excontratistas estadounidenses en 2003 y que fueron rescatados junto a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
Finalmente, el juicio otorgó a los secuestrados de Estados Unidos una indemnización por el orden de los 318 millones de dólares.
Redacción Caracas
