El Ejecutivo aprueba la Ley de Memoria Democrática

MADRID – Entre los temas aprobados por el Gobierno se encuentra la nueva Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos legislativos que con más fuerza defendió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, hasta su salida del Ejecutivo.

Con esta nueva medida se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, enaltezcan a dirigentes de la dictadura y lo hagan “con menosprecio a las víctimas” del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

Con este nuevo texto, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido se pondrá fin a las funciones de los monjes en el Valle de los Caídos y Patrimonio será el responsable hasta que haya acuerdo con la Iglesia.

Aún antes de que la Ley de Memoria Democrática Fuera aprobada en Consejo de Ministros para su posterior tramitación  el texto ha encontrado su oposición en la derecha parlamentaria y en los resquicios franquistas. Por su parte, el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, exhortó al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado, a luchar “por la defensa de la libertad”. Advirtió que “con o sin ley” nadie “nos va a callar”.

Censuró el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que aprobará este martes el Gobierno. Chicharro defendió la libertad de expresión para “pensar lo que quiera” cada uno y ha manifestó que el Ejecutivo “no puede negar el Derecho Constitucional”. “Esta Ley de Memoria Democrática contraviene artículos de la Constitución”, y es un anteproyecto “inconstitucional”.

Chicharro se muestra tranquilo dado que el texto tiene que regirse al trámite parlamentario y, según aseguró, cuenta con la garantía de que Vox la llevará a los tribunales. Asimismo, esperan que el Partido Popular siga la senda de la formación ultraderechista y luche por la “defensa de la libertad”.

Sin embargo, la ley parce que saldrá adelante gracias a la mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo, aunque, en este caso, adelanta que se recurrirá la “inconstitucionalidad” del texto y espera que el “Tribunal Constitucional se mantenga independiente” porque el Gobierno “está al asalto”. Señaló que la Fundación Francisco Franco “jamás las ha vejado” y ha añadido que bajo ningún concepto “incitan a la violencia”.

Anteproyecto de Sánchez

El anteproyecto de Pedro Sánchez ya establecía “contrario al interés general” la “apología del franquismo”, pero en su informe, el Poder Judicial alertó de que el concepto “sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas” suponía la expresión de ideas respecto de un sistema contrario a los valores democráticos declarados en la Constitución. No obstante, estaban amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Por ello, el Poder Judicial resolvía en sus consideraciones que la referencia a la apología del franquismo invadía “claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución”. Así, estimaron que, al no “imponer” un modelo de democracia militante y que sus “ideas o creencias”, siempre que no comporten “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”, no califican para la “extinción” de una fundación.

Por lo tanto, en el anteproyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación, se aclara que se considerará “apología del franquismo” toda aquella acción que “ensalce el golpe de Estado, la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes” con “humillación” y “menosprecio” de la “dignidad” de las víctimas.

De esta manera y con esta nueva redacción, el texto será aplicable a la Fundación Nacional Francisco Franco, que realza la figura del tirano y, por tanto, quedará extinguida en cuanto las Cortes la sancionen.

Redacción Madrid