CARACAS – El Consejo de Estado en Colombia aceptó la demanda introducida por el expreso político venezolano Lorent Saleh en contra del Gobierno colombiano, debido a los daños que le habría causado la decisión del expresidente Juan Manuel Santos de expulsarlo de esa nación en 2014 y en consecuencia fue detenido por los cuerpos de seguridad en Venezuela.
En la demanda, a la que tuvo acceso el portal Semana, se hace menciona la solicitud que realizó Saleh en septiembre de 2014 a las autoridades migratorias de Colombia de que su vida correría peligro si era entregado a los funcionarios venezolanos y responsabilizaba a Santos del hecho.
El equipo legal de de Saleh explicó que una vez que fue detenido su cliente, se trasladó a Cúcuta. De ahí a la frontera con Venezuela y entregado a los efectivos del Sebin que lo estaban esperando. Para luego, refiere el texto, llevarlo a “La Tumba”, ubicada en la sede de ese organismo en Plaza Venezuela donde estuvo detenido alrededor de dos años. Más tarde, pasó al Helicoide hasta que fue expulsado de Venezuela a España.
De acuerdo a la publicación en el citado portal, en Colombia señalaban a Saleh como uno de los panelistas en el lanzamiento de una organización denominada Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento apéndice del grupo colombiano neonazi Tercera Fuerza.
Aunque el líder estudiantil afirmó entonces que solo pertenecía a la llamada Operación Libertad, se le consideró como una persona que atentaba contra la seguridad nacional.
El estudiante es conocido en Venezuela por formar parte de la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) que organizaba y dirigía acciones de calle en contra del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez.
Luego de las protestas antigubernamentales de febrero 2014, cuya represión dejó el saldo de al menos 43 personas fallecidas, Saleh, se residenció en Colombia hasta su expulsión -junto a Gabriel Valles- en septiembre de ese mismo año.
Para entonces, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), determinó que la expulsión de ambos desde Colombia a Venezuela fue violatoria de sus derechos humanos.
Refieren la omisión que el Gobierno Colombiano hiciera a la norma internacional sobre las personas perseguidas, y las advertencias sobre la deportación de Lorent Saleh y Gabriel Valles y su entrega a un gobierno que podía torturarlo, tal y como sucedió.
Saleh fue excarcelado en octubre de 2018 y viajó a España en compañía de autoridades de ese país, así lo informó entonces un comunicado de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Constituyente.
Redacción Caracas
