MADRID – El presidente Pedro Sánchez, sostuvo una reunión en La Moncloa con el máximo responsable del Ejecutivo y el Partido Popular Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que explica de nuevo que el “retorno asistido” a Marruecos es la solución para los menores que entraron de forma ilegal en el país.
Una reunión urgente tras el auto del juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno ceutí que mantiene suspendido el proceso iniciado por varias administraciones involucradas y que puede abrir otro frente con Unidas Podemos al negar el traslado de los irregulares a la península.
Vivas respaldó la gestión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y manifestó en varias ocasiones que “no hay otra alternativa” al traslado a Marruecos de los jóvenes.
El presidente dijo que se adaptará el caso a los términos ceñidos en su auto por la autoridad judicial y que el Gobierno y Pedro Sánchez, dotará de medios suficientes para facilitar todos los trámites requeridos. “Los retornos legales se harán de acuerdo con la interpretación de las leyes” y se va a “fortalecer cuantos recursos sean necesarios”.
“La situación es insostenible y no es una cuestión retórica. [Los menores] No están en las debidas condiciones”, lamentó. Se encuentran en unos recursos que se habilitaron para una estancia temporal” y “un porcentaje muy notable de ellos está en la calle en condiciones de precariedad”.
El presidente ceutí fue convocado la tarde de este lunes por Sánchez el mismo día que trascendió la resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, que ha decidido mantener paralizadas cautelarmente las devoluciones a Marruecos de los menores. Una medida apoyada por la Fiscalía y en contra del criterio defendido por el Ministerio de Interior, según se recoge en el auto al que tuvo acceso El Confidencial.
Dicha medida significa un golpe entre el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos en representación del ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que el juzgado recrimina que “no consta ninguno de los trámites preceptivos” para realizar el traslado de los menores a su país y señala que existen muchas opacidades sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Por su parte, el director de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, aseguró que “no son reagrupaciones ni reunificaciones con sus familias, sino una expulsión irregular en la frontera”. Igualmente, el jefe de Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de un documento, pidió a España suspender las “expulsiones” y trasladar a los jóvenes a un centro de protección mientras se solventa el caso.
Redacción Madrid.
