La Diputación Permanente del Congreso resolverá sobre las comparecencias

MADRID – La Diputación Permanente del Congreso realiza un encuentro para determinar si se autorizan o no las peticiones de comparecencia extraordinaria del presidente Pedro Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, y otros ocho de sus ministros, pertenecientes a la fuerza política socialista y requeridos por el Partido Popular.

La Constitución establece que los meses de verano están fuera de los periodos ordinarios de sesiones, por lo tanto es la Diputación Permanente del Congreso, una representación a escala del Pleno, la que toma la decisión sobre las comparecencias solicitadas por la oposición.

El PP ha manifestado en varias oportunidades, peticiones de comparecencia de Sánchez y de varios ministros, exigiendo explicaciones perentorias por temas como el aumento del precio de la luz, la crisis de Afganistán, el retorno de los menores de Ceuta a Marruecos o los avances del calendario de inmunización.

De esta manera, la comparecencia de Sánchez se solicita en el Pleno del Congreso para que explique el plan de repatriación del personal diplomático de Afganistán, y por la sentencia del Tribunal que declaró inconstitucional el primer estado de alarma de 2020.

Debido a esa sentencia del Tribunal Constitucional el PP también solicita la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que integraba el equipo de Moncloa cuando se aprobó dicho decreto.

De la misma manera, el PP solicita que los ministros de Industria, Reyes Maroto, y de Exteriores, José Manuel Albares, expliquen al Congreso “los logros” de la visita que el presidente Sánchez realizó a Estados Unidos en julio.

También hay otros asuntos como la crisis de Afganistán y el conflicto diplomático con Nicaragua después de los comunicados contra España y la posterior llamada a consultas de la embajadora en Managua.

En el caso de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se le exige explique la situación de la aerolínea Plus Ultra y las consecuencias y responsabilidades de la decisión judicial de suspender la ayuda pública de 53 millones, cuestionada por la oposición.

Redacción Madrid.