CARACAS – El informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentado este martes, asegura que el sistema de Justicia nacional no es independiente y sigue vulnerando los derechos humanos de la oposición venezolana.
Este segundo informe será analizado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras la denuncia de existir pruebas de tortura y órdenes de detención retroactivas que busca tapar ilegalidades.
Según el texto del balance, la independencia del Poder Judicial también se ha visto erosionada, lo que representa un peligro a la hora de hacer justicia y salvaguardar los derechos fundamentales.
Marta Valiñas, presidenta de la misión creada por el Consejo de la ONU en 2019, afirmó que hay suficientes motivos para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial de ese país, por lo que su colega Francisco Cox, sugiere una reforma urgente en el sistema de justicia venezolano.
Cox agregó que la violación de derechos humanos se comprueba en las marcas de torturas de los 66 detenidos que fueron apresados por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protestar de forma pacífica, cuyos maltratos fueron pruebas visibles al momento del juicio.
Igualmente, otras muestras indican abuso sexual, persecución y coso e intimidación contra las familias de las personas detenidas, asó como las condiciones en que mantienen a los privados de libertad, estando 90 de de los detenidos políticos en las instalaciones de la DGCIM.
Jueces y fiscales presionados
Otro de los aspectos que resalta el informe en el uso excesivo de detención preventiva y la tardanza en las órdenes de liberación por parte de los jueces, lo que corrobora una vez más que los magistrados venezolanos no hacen cumplir la ley y hay una profunda erosión de la independencia judicial.
“Las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”, expresa el documento.
Valiñas manifestó también que de acuerdo con las investigaciones hay motivos para creer que hay una presión política hacia jueces y fiscales que fue intensificándose, y a través de sus actos y omisiones, se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado.
Precisó que después de 177 entrevistas y un exhaustivo análisis de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, hay 183 detenciones de opositores entre 2014 y agosto de 2021, puede concluirse y irregularidades en todas las etapas del proceso penal.
Redacción Caracas
