El partido Acción Democrática alertó que la nueva reforma del Código Penal que impulsa el oficialismo en la Asamblea Nacional pretende «fiscalizar» la opinión y reprimir las manifestaciones de la disidencia. El diputado Henry Ramos Allup dijo que esa organización se opondrá a la nueva reforma del Código Penal introducida la víspera por la coalición gobernante por considerar que busca «consagrar como delito la opinión, la expresión y la manifestación». «Nosotros no le vamos a servir la cama a un gobierno que lo que quiere es fiscalizar la opinión y mediante la represión legal a cualquier manifestación contra el gobierno. Mañana se dirá que denunciar los hechos de corrupción y la carencia de los servicios públicos son elementos que desestabilizan al gobierno, todo para meter en el infinito campo de los conspiradores y de los sospechosos a todo al que el gobierno se le ocurra», expresó a una emisora de radio nacional. El oficialismo solicitó la urgencia parlamentaria para aprobar 64 nuevos artículos en el texto legal, reformado hace apenas tres meses, que establecen como delitos las alteraciones al orden público, la fe pública, la cosa pública, las buenas costumbres y el buen orden de la familia, entre otros aspectos. Entre las figuras contempladas en el proyecto legislativo, se define la conspiración como toda asociación de «tres o más personas para cometer delitos» que se castigan con penas de cuatro a seis años, y de seis a ocho años en caso de que sea con armas. Asimismo, califica de terrorista a «quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas, organizaciones o grupos de delincuencia organizada cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz pública y cometa delitos de estragos, catástrofes o incendio, o de hacer estallar bombas (…)», Quienes serán penados con 10 a 15 años de prisión. Igualmente, sanciona con penas de 16 a 18 años a quienes cometan actos de sabotaje entendidos como «una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias, de las empresas básicas o estratégicas del Estado».
