CARACAS
«No es posible que se creen nuevos cuerpos policiales cuando se está perdiendo el control de los ya existente y cuando el Estado no tiene capacidades para cumplir cabalmente las atribuciones que tiene de ofrecer seguridad ciudadana»
A juicio de Ortega es indispensable «reorganizar lo que se tiene, retomar y señalar los caminos democráticos especialmente a los cuerpos de seguridad que operan en el país para avanzar en cualquier iniciativa que se tenga sobre el tema de seguridad ciudadana».
Informó que la ONG ha registrado 89 casos de denuncias de ajusticiamiento con 121 víctimas, de las cuales el 50 por ciento tiene edades comprendidas entre los 18 y los 25 años edad.
Enfatizó que en el juicio de cada uno de estos casos no se puede permitir que existan jueces temerosos, menos aún en la tan emblemática masacre de los estudiantes de la Universidad Santa María, en el barrio Kennedy.
Instituciones del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han admitido la existencia de un alarmante número de casos de supuestos ajusticiamientos en todo el país. No obstante, la respuesta institucional ha sido tímida e insuficiente. De los 89 casos que conoce Cofavic solo 2 están en la etapa intermedia del proceso; 14 han llegado a la etapa de juicio; y apenas 4 están sentenciados. En consecuencia, 65 casos, que representan el 73 por ciento del total, permanecen aún en la etapa de investigación.
Para esta organización no gubernamental es urgente que los órganos encargados de administrar justicia se dediquen a la investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En este contexto se hace necesario que el Estado venezolano brinde una protección adecuada y eficaz a todos aquellos familiares y testigos que son amenazados por el solo hecho de presentar la denuncia sobre su caso ante las autoridades pertinentes y los medios de comunicación. En los casos conocidos por COFAVIC es recurrente observar que las familias cuyos casos han superado la etapa de investigación se convierten en las principales víctimas de estos actos de amedrentamiento.
Las acciones de los grupos parapoliciales se enmarcan dentro de la respuesta institucional que ha ofrecido el Estado venezolano a los altos índices de delincuencia. Desde que la violencia se convirtió en uno de los principales problemas de la ciudadanía, la posición de las autoridades, con una importante tolerancia social, ha sido posicionar soluciones más represivas y restrictivas de las libertades fundamentales.
Por ello, es prioritario que el Estado venezolano aborde el problema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de protección de los derechos humanos y entienda que ambos conceptos se complementan, no se oponen.
Cofavic considera una prioridad para la seguridad ciudadana y para la pervivencia del régimen democrático que el Estado venezolano retome la conducción de los órganos policiales y regularice la actuación de éstos, toda vez que cada día nuestras policías se asemejan más a grupos armados para-estatales que a organismos dirigidos para velar por la seguridad ciudadana.
