CARACAS- Diversas organizaciones andinas de libertad de expresión condenaron ayer las dificultades para el ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela y expresaron su preocupación por la intensificación del discurso y acciones por parte del gobierno al querer catalogar a los medios privados como adversarios, penalizar la opinión disidente y el derecho de los ciudadanos a manifestar.
El Instituto Prensa y Sociedad, IPYS-Perú, Fundamedios de Ecuador, Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, IPYS-Venezuela, instituciones integrantes del Grupo Andino por la Libertad de Información (GALI), y la Fundación por la Libertad de Prensa, FLIP-Colombia, a propósito de celebrarse ayer el Día Mundial de la Libertad de Prensa, suscribieron un comunicado en el que sentencian que las situaciones ocurridas con el periodismo venezolano son contrarias a las garantías legales para el ejercicio de ese derecho, en el entendido de que la Libertad de Prensa es un derecho humano fundamental, garantizado en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y pactos internacionales suscritos por el país.
Estas organizaciones rechazaron enfáticamente la detención de Oswaldo Álvarez Paz y del directivo de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y consideraron sus aprehensiones “parte de una escalada de limitaciones hacia la expresión de informaciones disidentes”.
De igual forma, rechazaron las “recurrentes negativas” por parte de funcionarios públicos de ofrecer a los medios de comunicación privados información, así como el impedimento a los periodistas que laboran para estos medios de ingresar a las sedes de organismos oficiales como parte de las coberturas noticiosas. Sostienen que dichas limitaciones obstruyen el trabajo periodístico y afectan el derecho de los venezolanos a la información.
Condenaron la retención de equipos periodísticos, en particular a la televisora Globovisión (en un hecho ocurrido el 25 de marzo de este año) y de los corresponsales en Venezuela del canal colombiano Caracol por parte de efectivos militares (ocurrida el 10 de abril de este año).
Asimismo, lamentaron la muerte del reportero gráfico, Jorge Durán, ocurrida el 22 de abril de 2010, a causa de un paro cardíaco, cuando realizaba una cobertura para el Ministerio de Interior y Justicia en una zona boscosa y en “condiciones forzosas”. Declararon que “hay poca claridad sobre las circunstancias en las que se produjo su muerte”.
Reportaron el seguimiento a otros ataques a la prensa derivados de amenazas y descalificaciones verbales por parte de autoridades públicas que califican a los medios y periodistas como adversarios del Gobierno. Dicha situación a juicio de las organizaciones integrantes de la GALI los expone a ser víctimas de agresiones físicas y amenazas por parte de particulares.
También, mencionaron los actos administrativos “arbitrarios” en contra de varios medios audiovisuales como la medida que sacó del aire a RCTV Internacional y el que ordenó la reducción de potencia de emisión de Radio Victoria 103.9 FM. Puntualizaron en el comunicado que en dichos procedimientos “no existe claridad sobre los argumentos legales que pretendieron validar tales medidas”.
Estas organizaciones hicieron un exhorto al Gobierno Nacional para que otorgue las máximas garantías establecidas en la Constitución de la República y en los tratados internacionales para que existan las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de las libertades de prensa y expresión en el país, y propiciar el cese del hostigamiento y obstrucciones a la labor informativa.
