CARACAS- El Observatorio Económico Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento (Cedice) afirmó ayer que la Ley de Comunas, y los proyectos de ley de Contraloría Social y el de Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal, además de ser inconstitucionales, constituyen un “retroceso” para el país y lesionan los principios de propiedad privada, régimen de libertades y democracia, necesarios para el desarrollo de una economía que garantice la calidad de vida de los ciudadanos.
En un comunicado de prensa, Cedice criticó que la Ley Orgánica de Comunas establezca estructuras que “solapan” las funciones de las Alcaldías y Gobernaciones y alertó que “los medios de participación protagónica y democrática superan los límites establecidos en el artículo 70 de la Constitución”, que no incorpora ninguna organización similar a las definidas en dicha legislación.
Asimismo, subrayó que esta normativa contempla un esquema similar al propuesto en la reforma constitucional que fue rechazada en 2007 y advirtió que dicha reforma “ha venido siendo impuesta de manera inconstitucional por el Gobierno, a través de los Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el cual también es inconstitucional”.
Respecto a la Ley de Contraloría Social, el Observatorio Económico Legislativo de Cedice detalló que no se diferencia el ejercicio de la función contralora tanto por parte del individuo como del colectivo, en tanto que la ley define las Contralorías Sociales “como voceros de comunidades y sectores sociales organizados”. Consideró el Observatorio que esa “imprecisión” podría causar “complicaciones” tanto para quienes deseen iniciar investigaciones y denuncias, como para la institución u organización que es investigada.
“La preocupación existe en cuanto al poder que se le da al individuo sobre el ejercicio de esta tarea, y los límites de su función, los cuales están poco especificados en la ley. La pregunta es ¿cómo define la ley a la contraloría social? Si bien es cierto que el individuo tiene una capacidad para monitorear y denunciar, ¿deberá este hacer su denuncia ante un colectivo o podrá actuar independientemente?”.
Alertó también que el proyecto de Ley de Contraloría Social se refiere a “ejercer vigilancia sobre actividades privadas que afecten el bienestar común” y que podrán iniciarse procedimientos por noticias criminis. “Tales referencias pudiera estar creando una sociedad en donde la opinión y la participación, por miedo a ser denunciado, se verán minimizadas”.
