Marcelina me interrumpe tímidamente, pidiéndome excusas por hacerlo y comienza de inmediato a deshojar el apretado núcleo de sus angustias. Nacida en una lejana población colombiana, muy joven se unió, en una de esas relaciones perpetuas sin documentos, con alguien a quien define como un campesino de su misma zona. Ante los limitados ingresos que podían obtener, emprendieron el viaje clandestino hacia Venezuela, con sus dos menores hijos. Se incorporaron así a los integrantes de esas inmigraciones masivas que se cuelan por los caminos verdes; de esos aventureros que llegan al azar, sin documentos, sin equipajes; jugando a la suerte. Se instalaron en San Cristóbal y trabajaron duro en una finca de la frontera, sin identidad alguna.
La vida los fue empujando hacia otras regiones del país, siempre en la búsqueda de un lugar donde hubiere escuela para sus niños, quienes, si bien se integraron rápidamente como sus padres, carecen de documentos y en realidad su existencia no esta documentada.
Cuando vemos que en los países opulentos del Norte se establecen enormes cinturones de protección en contra de los inmigrantes clandestinos para no compartir con ellos el bienestar adquirido, sentimos que no puede ser esa nuestra posición porque es una cuestión de principio la ayuda y protección de quienes carecen de los elementos más esenciales para su subsistencia.
La angustia de Marcelina está presente: en la frontera les dieron una especie de salvoconducto o pasaporte válido tan solo para esa zona, pero la amenaza de la deportación está siempre presente y ahora que ya los niños han crecido, está pesando sobre ellos el drama de la falta de identificación. Ya en cuarto grado les van a exigir la cédula ¿Qué cédula?
Recordemos que la generosidad de nuestra legislación ha sido tradicional, así también la generosidad de los nativos para quienes los inmigrantes no son tales, ya que en el trabajo y, en los restantes derechos, son nuestros afines, son compatriotas nacidos en otras tierras.
Creemos que esta exitosa y necesaria apertura con Colombia tiene que tomar en cuenta esencialmente el caso de los indocumentados. Hay que proceder a darles una tregua en la angustia de su falta de identificación. Es necesario un régimen transitorio que les permita a quienes tienen un cierto tiempo en el país, obtener un medio de identificación para su permanencia en Venezuela y para su posibilidad de traslado.
Mariel está de acuerdo con esta tesis, pero tiene el temor de que en esa política, con respecto a los indocumentados, se cuelen los diferentes grupos de lo que siempre he llamado “desechos radioactivos”, esto es, de esos sujetos que no tienen adaptación alguna a los principios y reglas de la sociedad, porque nunca le fueron suministrados. Hablamos de los narcotraficantes; de los sicarios, de los que no poseen oficio de ninguna clase, ni aspiran a tenerlo.
-El peligro existe Mariel, y es allí donde está la estructura del Estado para aplicar sistemas de verificación de datos que nos den el retrato hablado de las personas. Es allí donde va a estar el trabajo esencial, pero la necesidad de su realización, no puede impedir que se atienda a quienes llevan una vida colocada por debajo de las exigencias más elementales de los derechos humanos-.
El haber salido de la Comunidad Andina, no borra nuestra identidad con los países vecinos que, en realidad, no puede ser cancelada por ninguna posición política. Una decisión relativa a los “indocumentados” con años de permanencia en Venezuela, podría ser el primer paso para el regreso a un acuerdo que no puede cancelarse, porque forma parte de los principios que constituyen, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución, fuente de derecho para nuestro país, la doctrina integracionista y humanitaria de Simón Bolívar, El Libertador.
