CARACAS -Para la dirigencia de Primero Justicia, Venezuela se ha convertido en “un país rojo por la violencia” en comparación con el resto de los países de norte y sur América y “sólo comparable con los altos índices de criminalidad que hay en Centroamérica”. Lo destacó Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, quien señaló que los datos que así lo confirman pertenecen a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Es esta la razón por la cual el parlamentario exhortó a la colectividad a rebelarse contra la violencia y la inseguridad.
– Hay que exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad – dijo -, que nos garantice la vida a todos los venezolanos.
Borges explicó que su llamado es de “indignación” por las constantes noticias de homicidios que se reciben desde todo el país. A su juicio los venezolanos “no podemos seguir calándonos un país lleno de violencia, rebelarse es no conformarse, ni resignarse”.
Reiteró el parlamentario que “la violencia no es parte de la vida, porque no es lo normal.
Julio Borges aseguró que no puede eximirse de “la responsabilidad al gobierno nacional”, porque es el presidente con su gabinete ministerial el que “aprueba el presupuesto de justicia y de seguridad; el que debe coordinar y prevenir el delito; el que debe crear condiciones para generar más empleo; el que tiene el dinero y el poder para tomar las medidas para frenar la violencia”.
Borges espera que sus palabras no sean mal interpretadas por el gobierno y usadas para “librarse una vez más de su responsabilidad”.- Todo lo politizan, hasta la vida de los venezolanos y tenemos que recordar que este gobierno ha presentado 13 planes de seguridad y todos han fracasado. Además el 13 de enero pasado el presidente estuvo en la Asamblea Nacional y ofreció al país combatir la violencia, bueno presidente, cúmplale a los venezolanos”.
Pese a la indignación, Borges señaló que hay acciones que pueden tomarse de manera inmediata “si existiera voluntad política para acabar con tantas muertes”.
Entre las que enumeró están aprobar la Ley Desarme, fundar escuelas para padres y clínicas de rehabilitación de consumo de drogas y alcohol en sectores populares, invertir en recursos y tecnología para las policías, depurar los cuerpos de seguridad, evitar el discursos que incentiven la violencia y la división, desarmar a grupos y colectivos “que apoyan al gobierno”, invertir en prevención del delito.
