CARACAS- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, afirmó que el Gobierno actúa “indolentemente” frente a la crisis de salud del país luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara inconstitucional una ley aprobada por la Cámara para este tema.
“La verdad es que debo decir que el Gobierno en esta materia no solamente actúa irresponsablemente, actúa indolentemente, sino que actúa como psicópatas que pretenden acabar con el pueblo venezolano”, dijo Márquez a periodistas desde la sede de la AN.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó la mencionada ley el pasado 3 de mayo argumentando que en el país faltaban 872 tipos de medicamentos y que había un severo deterioro en las instalaciones hospitalarias.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que debía refrendar la ley, pidió al TSJ que señalara si esta norma era “constitucional” debido a la “insensatez de los diputados de la oposición” al plantearla.
Sobre esto, Márquez aseguró que “la idea de la ley que declara la emergencia de salud y pide ayuda humanitaria es reconocer lo que el Gobierno no quiere reconocer” y ayudar a las familias venezolanas, que señaló, están atravesando una situación difícil.
A juicio del parlamentario, el comportamiento que está teniendo el gobierno de Maduro frente a la situación sanitaria forma parte de “un plan premeditado, plan de un psicópata social que pretende no hacer nada y que nadie haga nada en Venezuela para que esto explote”.
“Nosotros queremos advertirle a la comunidad nacional e internacional: esto está llegando a color de hormiga, esto está poniéndose negro, oscuro para la familia venezolana”, agregó.
La oposición ha acusado al TSJ de actuar siguiendo órdenes del Poder Ejecutivo y hoy el jefe de la fracción parlamentaria opositora, Julio Borges, así lo reiteró: “Nicolás Maduro le dio la orden al TSJ de anular la ley”, haciendo referencia a la norma que pretendía atender la crisis de salud.
Esta ley permitía, entre otros asuntos, el envió de medicamentos y material médico a través de sistemas de encomienda nacionales e internacionales a familiares que no pudieran encontrar los productos en las ciudades donde viven, algo que está prohibido en Venezuela por orden del Ejecutivo.
