CARACAS – Este martes, un grupo de beneficiados por las medidas de liberación anunciadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 23 de diciembre, acudieron al Palacio de justicia para su presentación, pero los jueces no se encontraban en sus despachos.
Entre los excarcelados se encuentran el ingeniero Juan Miguel De Sousa, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 21 de enero de 2015, a quien se le imputan los cargos de terrorismo y asociación para delinquir.
También, el dirigente estudiantil del estado Táchira, Jhosman Paredes, y la hispano-venezolana Andrea González, una de las galardonadas con el premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Paredes fue detenido en 2014 al ser acusado de terrorismo financiado por paramilitares colombiano. González fue detenida en agosto de 2014 al ser implicada por un asesino confeso en un supuesto plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
La presentación fue realizada con la intención de conocer las condiciones de su liberación, debido a que solo saben que deben acudir, pero no tienen mayores detalles.
Paredes indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que en el Tribunal donde asistió “no hay despacho”.
“Me encuentro en las afueras del Palacio de justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el Tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho”.
Son más de 40 las personas que salieron de prisión el 23 de diciembre luego del anuncio de la ANC. Varios de los abogados expresaron a Efe que sus clientes tenían previsto presentarse ante los tribunales para saber qué medidas sustitutivas de la privación de libertad dictan para ellos.
“Lo que debería ser es que el tribunal te dé la orden y después te suelten, pero en este sistema el Gobierno da la orden y después tienes que irte a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas que te dieron”, explicó la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados, el exalcalde Alfredo Ramos.
Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio Iribarren, en Barquisimeto, las barricadas erigidas durante las protestas antigubernamentales de este año.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya le ha ordenado que se presente cada 30 días ante una instancia judicial de Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad.
Diálogo y liberación de “presos políticos”
La liberación de estas personas, consideradas presos políticos por la oposición, por EEUU, la Unión Europea (UE) y organizaciones pro derechos humanos, se produce en el desarrollo del diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Una de las peticiones que mantienen los representantes de la oposición en las mesas de diálogo sostenidas con el Estado es la liberación de todos los “presos políticos”.
Además, exigen cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la restitución de los poderes del Parlamento, de mayoría opositora, y la apertura de un canal humanitario.
Por su parte, el oficialismo pide la aceptación de la ANC, órgano compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y varios países.
