CARACAS – El cuerpo humano es un prodigio que solo puede generar la imaginación de Dios. Uno puede decir que el organismo de un ser humano es cosa sencilla, y eso es verdad; pero también es cosa muy compleja, dependiendo de cómo se le vea. Por lo tanto, la salud y los médicos hacen parte de esas bendiciones que la civilización acuña luego de mucho sudor. Por ejemplo, un paciente trasplantado vuelve a la vida, pero amerita de por vida una adecuada medicación.
El director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia, ha lanzado hoy a la opinión pública una bomba informativa: al menos una persona diaria, rechaza trasplante de órgano por escasez de medicamentos.
“La ausencia absoluta y prolongada, más de ocho meses sin recibir tratamiento, lo veníamos advirtiendo, que iba a traer consecuencias gravísimas a la salud de los venezolanos que reciben un trasplante, estamos hablando de más de 3 mil 500 personas afectadas”, se ha remitido a la data dura más precisa. Las autoridades no han ejercido ninguna acción para poner fin al problema de la escasez de medicinas, dijo el portavoz, pese a la insistencia de la cual ha sido objeto.
“Las personas que no se tratan con los medicamentos adecuados pierden el órgano, tienen que regresar a una diálisis porque su función renal dejó de funcionar y pierde la capacidad de hacer lo que hacía su trasplante”, desembocó en una verdad clínica, que tiene un rostro muy humano, pero también político y social.
La salud: Un derecho constitucional
El Gobierno Nacional paró en el 2017 los programas de trasplantes, dijo el director de Codevida. “Un trasplante de vivo a vivo en una clínica privada estará alrededor de los 50 mil dólares”, despacho sin pelos en la lengua. “Lo establece la Constitución, el único responsable es el Estado, de garantizar la salud y la vida de las personas”, enfatizó.
Que Venezuela se nos viene encima es una verdad como un templo. Y una de las facetas más dolorosas del colapso rojito es la crisis de la salud. Los dializados vienen desde hace meses transitando un abyecto calvario, que no parece tener fin.
De 129 centros de diálisis en el país, 13 piden cerrar y buscar cupos a los pacientes en otros lugares porque no pueden mantener los costos operativos. Desde las entrañas del Ministerio de Salud se filtra información: el abastecimiento de dializadores está agotándose de nuevo; máximo de 10 días es lo que queda.
Los propietarios de estas unidades de diálisis se reunieron hace 15 días con el IVSS y se les prometió ajustar las tarifas. Desde septiembre de 2017 el instituto gubernamental paga 37.000 bolívares por la terapia de cada paciente, cuando un bombillo cuesta 140.000 bolívares.
Un paciente renal puede gastar hasta 4 millones de bolívares semanales para mantenerse en buen estado de salud. El Seguro Social dejó de entregar paulatinamente insumos. “La situación es angustiante porque desde hace cuatro años nos han ido recortando los insumos, hasta que hicimos crisis total. Pero hay tanto amedrentamiento, que a mis compañeros les da más miedo denunciar que morirse. Uno me dijo que iba a perder los combos del CLAP si seguía yendo a reuniones de reclamo”, ha sido la declaración aciaga de uno de los pacientes.
Ha sido frente a la sede del Distrito Sanitario 1, en La Pastora. Un grupo de padres se ha decantado por hacer uso de su derecho a la protesta pacífica. Les informaron que no había suficientes vacunas para todos los que se encontraban en el lugar. A las 8:00 am alrededor de 117 representantes hacían fila para que inmunizaran a sus vástagos.
“Frente a las quejas, personal del Distrito Sanitario y la PNB volvieron a contar las vacunas. Un miembro de un Consejo Comunal en La Pastora pidió que resolvieran el conflicto con calma y que no quería que eso se convirtiera en publicidad contra el Gobierno”, escribe Efecto Cocuyo. Los padres dijeron lo único que es verdad acá: “Esto no es política, es la salud de nuestros hijos”.
