CARACAS – Esmeralda Arosemena, primera vicepresidenta de la CIDH, explicó que a la población venezolana le corresponde asumir con “patriotismo y fortaleza” el proceso electoral.
“No sé si exista la posibilidad de que un grupo de la CIDH asista el próximo 20 de mayo a este evento tan importante para los venezolanos”, planteó la comisionada sin dejar de confiar en que se le permita a la CIDH participar como observadora en los comicios.
Algunos representantes de la sociedad venezolana denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos militares del país, asegurando que es una herramienta que el gobierno emplea para acallar a quienes piensan distintos. Tras una petición leída por Carlos Patiño – de la organización PROVEA –, la CIDH le solicitó al Estado el cese inmediato de la represión militar y la libertad de aquellos ciudadanos presos por órdenes de los tribunales militares.
Por su parte, el Estado a través del general Edgar Rojas – presidente de la Corte Marcial – aseveró que dentro de la justicia militar se ha garantizado el debido proceso y que los jueces en el ejercicio de sus funciones son autónomos.
Durante la audiencia denominada: “Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela”, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, pidió que se le informara sobre los dirigentes y partidos políticos que han sido víctimas de algún tipo de medida de omisión.
Beatriz Borges, representante del Centro de Justicia y Paz, detalló que, “de un total de 62 partidos políticos registrados por el CNE para febrero de 2016, en febrero de pasado apenas sobrevivieron 17, de los cuales 10 postularon al presidente Nicolás Maduro para la reelección y 4 a Henri Falcón”.
Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quiso saber cuántas personas están impedidas de participar en el proceso electoral y cuáles son los motivos por los que no pueden participar.
“El sistema hace imposible la modificación del resultado. La clave numérica no depende de una sola parte: está compartida por el CNE y todos los actores políticos. Es imposible acceder a los datos”, indicó Larry Devoe, representante del Estado, quien descartó cualquier posibilidad de fraude.
