CARACAS – La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado para pronunciarse sobre el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Hizo un llamamiento general hacia el respeto de los derechos humanos y de los procesos legales que corresponda realizarse. Además, se refirió a las posteriores acciones que emprendió el Gobierno ante los presuntos culpables de lo ocurrido en la avenida Bolívar el pasado cuatro de agosto.
El comunicado se refiere principalmente a tres puntos sobre los cuáles debe ampararse la investigación de lo sucedido. Insta al gobierno nacional a cesar lo que denomina como represión violenta contra los ciudadanos. Señala que este tipo de acciones se suman a la “situación de crisis, inseguridad y desequilibrio social que atraviesa el país”.
Lo primero que solicita la CEV es que todos los hechos a investigar deben pasar por las instituciones y los tribunales competentes. Son estos los que tienen la responsabilidad de investigar la existencia del delito y determinar su tipificación. Condiciones que calificaron como indispensables para determinar responsabilidades y culpabilidades.
La iglesia pide especialmente, que no existan detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos ni desapariciones forzadas contra ningún ciudadano, funcionario o parlamentario. Indica que estos hechos atentan contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos. Agregado a esto, realiza un llamamiento a las instituciones que integran el Consejo Moral Republicano para que vele por los derechos humanos de los detenidos.
Diputados sin inmunidad parlamentaria
Entre todas las personas detenidas por el presunto atentado, el que obtuvo más difusión fue el diputado Juan Requesens. El representante en la Asamblea Nacional (AN) fue detenido junto a su hermana, Rafaela Requesens, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La dirigente estudiantil fue liberada minutos más tarde.
Además de Requesens, el diputado Julio Borges también fue señalado como responsable de los hechos y se dictó una orden de aprehensión en su contra.
