CARACAS – Ramón Aguilar, bogado del fallecido concejal Fernando Albán, quien pereció en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 8 de octubre de 2018, afirmó que ya han pasado tres meses de su muerte y en la Fiscalía no hay una averiguación del caso.
“A más de 100 días, no se ha realizado ninguna diligencia para investigar la desaparición forzada, cuya consumación del delito por parte del Sebin fue pública y notoria. La hermana del concejal hizo la denuncia al día siguiente de su detención ilegal y dos días antes de su muerte”, señaló Aguilar.
El abogado manifestó que el Ministerio Público no se ha pronunciado por los delitos de desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, encubrimiento de desaparición forzada, torturas, tratos crueles, homicidio calificado, ejecución extrajudicial, encubrimiento de los delitos anteriores y asociación para delinquir, denuncia que ya había efectuado desde el pasado 4 de diciembre de 2018.
En la oportunidad pidió investigar a los funcionarios del Sebin implicados y se exigió que se averiguara también al director del cuerpo, Gustavo González López, así como de la juez Carol Padilla.
Pero precisó que hasta la fecha solo hubo una notificación de la vicefiscal que declaró la recusación contra Tarek William Saab”.
Esta acción de la defensa buscaba la separación del caso del Fiscal General designado por la ANC, debido a su pronta declaración sobre la muerte, ya que el mismo día de la muerte de Albán, el funcionario afirmó que se trataba de un suicidio, pues para la defensa, este hecho pudiera perturbar la imparcialidad de la Fiscal en la investigación.
En la denuncia presentada por el grupo de abogados de Albán, se solicitó la exhumación del cadáver, así como la práctica de una nueva autopsia por expertos independientes.
Defensa de manos atadas
Asimismo, Aguilar expresó que la única investigación que se conoce fue en contra de la administración de justicia, es decir, un proceso iniciado contra los funcionarios del Sebin, a quienes se les pretendía imputar por fallar en la cadena de custodia de un detenido.
El abogado denunció que la defensa tuvo sólo una vez acceso al expediente y el fiscal Ángel Betancourt , no ha permitido nuevas revisiones de ese documento y tampoco ha tenido acceso a esas audiencias, porque el juez no concibe al concejal como víctima, sino el Estado venezolano.
Aguilar además informó que los funcionarios del Sebin nunca fueron detenidos y la audiencia de presentación les fue diferida en dos ocasiones. Desconocen si finalmente ocurrió la imputación.
Desde entonces y a pesar de las denuncias, condenas nacionales e internacionales, el Ministerio Público no ha presentado una conclusión sobre el caso, según los defensores de Albán.
Cabe recordar que la versión del fiscal designado es que Albán se lanzó del piso 10 del Sebin en la sede de Plaza Venezuela. Sin embargo, la oposición rechazó esta tesis y acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de haberlo asesinado al lanzarlo de ese edificio.
En tal sentido, la defensa y su familia piden que se abra una averiguación a los funcionarios que actuaron en la privación ilegítima de libertad del concejal, así como a Gustavo González López, quien era el director del Sebin y a quien destituyeron posteriormente del cargo.
Sin respuestas
Desde el 5 de diciembre de 2018 la esposa del concejal, Meudy Osío, expuso su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y desde allí pidió la repatriación del cuerpo para ser enterrado en Estados Unidos, junto a su familia.
Aunque esta solicitud fue formalizada por miembros de la Cidh ante el representante del gobierno de Venezuela. Hasta la fecha, no hay respuesta a esta solicitud.
