CARACAS – El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó su rechazo al anteproyecto de “Ley del Ciberespacio”, que será presentada en los próximos meses ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Por medio de su cuenta de Twitter, el uruguayo, informó al mundo que la “ilegitima ANC” de Venezuela ha iniciado un proyecto para tomar el control de internet.
“Se llama de Ley del Ciberespacio pero crea organismo para ‘bloquear’ y ‘neutralizar’ mensajes de inestabilidad, crea puertas traseras, sanciones a telcos e intermediarios”, escribió Lanza.
Ante este estatuto, el abogado anexó un documento realizado por 20 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el pasado dos de enero, en el que rechazan la legislación.
Las ONGs que son dedicadas a la defensa de los derechos humanos y personalidades, titularon el documento como “Frente al anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”, en el que defendieron que la ley justifica a los poderes del Gobierno Nacional para que controle el uso del internet.
“Frente al anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela (…) justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de los venezolanos”, justificaron las ONGs.
Las organizaciones añadieron que el proyecto tiene un enfoque de “seguridad” de uso de tecnologías de información y comunicación, que se ha basado en las nociones de soberanía, seguridad nacional y control del orden interno.
“(Artículos 3, 5, 7 y 18) que se utilizan para justificar la adopción de medidas que violan derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales”, puntualizaron las ONGs.
Este lunes, el portal web de noticias, Noticiero Digital, compartió una investigación acerca de un anteproyecto que cuenta con 47 artículos, con los cuales se aniquila la privacidad digital en el país, ya sea personal o empresarial.
