CARACAS – La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que le garantice a la delegación que envió al país, el acceso a lugares y personas sin ningún tipo de restricción.
Lo declaró luego de que entregara un informe que incluyó la actual situación de Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra
Recordó que un equipo de su oficina actualmente se encuentra en el país, y consideró este hecho como una medida positiva.
“Es importante que el equipo tenga acceso sin obstáculos, sin represalias, contra ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con ellos”, expresó al mostrar su preocupación por la gravedad de la crisis de los derechos humanos que afecta a la región.
La delegación que se encuentra en el país petrolero realizó su visita para analizar si es posible que Bachelet pueda visitar Venezuela, teniendo libre acceso a entrevistas con los venezolanos y la oposición.
La expresidenta de Chile también informó al Consejo las novedades en materias de DDHH que se han generado en Venezuela, entre el 2018 y parte del 2019.
Recordó que este año todavía en Venezuela continúa una grave crisis que se traduce a un “inquietante factor de desestabilización regional”.
“Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, subrayó Bachelet.
Manifestó que los funcionarios del gobierno venezolano no han reconocido la “dimensión y gravedad” de la crisis que atraviesa el país en materia de medicinas, alimentos y servicios básicos.
Sanciones contribuyen a la crisis
El Alto Comisionado Onu insistió que las sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra el país, pueden contribuir a agravar la situación económica del país petrolero.
Afirmó que su oficina está investigando las denuncias acerca de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Comunicó que al menos 205 muertes se registraron en 2017 por parte de funcionarios de la FAES y que 37 se han efectuado en 2019.
Inquietud a restricciones a la libertad
“La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada”, explicó Bachelet.
Indicó que en estos momentos su inquietud ha aumentado debido a las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
Sostuvo que la ley contra el odio creada por el gobierno se ha utilizado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
Apagones son problemas de “infraestructura”
Asimismo, la experta también se refirió a los apagones que se han producido en el país. Opinó que éstos “simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país””.
“El apagón a nivel nacional ha exacerbado está situación reduciendo el acceso de alimento y medicamento y afectando a los hospitales, la extensión del daño y las víctimas aún no se conoce. Un apagón tan largo demuestra los desafíos que enfrenta Venezuela”, expuso
“La polarización está agravando una situación ya de por si crítica”, concluyó la alta comisionada, quien destacó que “es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política”.
