CARACAS- El Tribunal Supremo de Justicia ratificó nulidad absoluta de la junta directiva designada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, para el control de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales.
El TSJ indicó a través de un comunicado, la carencia de efectos jurídicos de los designados de “forma ilegal” como miembros de la Junta Directiva de la petrolera estatal, así como de las filiales y empresas mixtas de Venezuela.
La denuncia se generó a raíz de la decisión asumida por el Parlamento, el cual para el actual régimen, está en desacato y es ilegal, quien autorizó la ampliación de cinco a nueve miembros la junta administradora ad hoc que designó en febrero Juan Guaidó para controlar a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Los integrantes de esa junta designada por Guaidó son Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos Balza, Ricardo Prada, Luis Pacheco, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo y Alejandro Grisanti.
El TSJ, conforme al ordenamiento jurídico del país, afirma que las personas legitimadas para dirigir Pdvsa, representarla y suscribir compromisos frente a terceros, como empresa mercantil, son únicamente su presidente Manuel Quevedo y demás miembros designados por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Igualmente, el órgano judicial decretó prohibir la designación de cualquier persona para el ejercicio de funciones gerenciales, operativas y administrativas de la estatal petrolera y el resto de las empresas mixtas, a menso que provenga de la propia gerencia interna de las compañías.
Asimismo, el texto oficial expresa que quedó prohibida la actuación en cualquier instancia, organismo y foro internacional a toda persona venezolana o extranjera designados inconstitucional e ilegalmente, así como “negociar, suscribir y adoptar decisiones que incidan en el giro comercial y operacional, comprometiendo el patrimonio e intereses de Pdvsa”.
En tal sentido, el TSJ hace un llamado a las autoridades públicas del territorio a reforzar la seguridad en todas las instalaciones de las petroleras y demás empresas filiales y pidió a la Fiscalía investigar a quienes acepten las designaciones de Guaidó.
Finalmente, el TSJ reiteró que la designación de José Ignacio Hernández, como del procurador especial que formalizó Guaidó, carece de legalidad.
