CARACAS – El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicó este miércoles que se necesita la aplicación de más sanciones económicas por parte de la comunidad internacional contra Venezuela, para solucionar la crisis que atraviesa el país.
Almagro lo afirmó en un foro organizado por el Centro Brandemas de la Universidad de Nueva York en Washington DC.
Insistió que la comunidad de naciones deben utilizar todas las herramientas a su alcance para “restablecer la democracia y atender la crisis humanitaria en Venezuela”. Señaló que estas dos acciones están bajo el marco del derecho internacional.
“La decisión de permitir que narcodictadores permanezcan en el poder es escandalosa (…) y debemos pensar en algunos instrumentos de derecho público internacional, como la intervención humanitaria bajo la ‘responsabilidad de proteger’, para enfrentar el caso venezolano”, dijo el Secretario General de la Oea.
Reiteró que la actual situación del país sudamericano no se puede dejar como se encuentra.
“Panamá es el único país latinoamericano que ha aplicado sanciones. Necesitamos a todos los países latinoamericanos, todos los del Grupo de Lima (…) deben implementar sanciones” pidió el exministro.
Según Almagro, las sanciones aplicadas hasta ahora “han sido muy precisas y realmente han afectado lo peor de las actividades criminales de la dictadura venezolana”.
Recalcó que la mejor manera de avanzar con el tema venezolanos es apoyar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien considera como la “última esperanza” para una salida pacifica.
Intervención humanitaria
Almagro dijo que es necesario intervenir humanitariamente a Venezuela por medio de la “responsabilidad de proteger”, o R2P por su sigla en inglés. Señaló que es un compromiso político de las Naciones Unidas prevenir graves violaciones a los derechos humanos.
El R2P inicia con la mediación, luego con sanciones económicas, y por último el uso de la fuerza, que solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El diplomático sostuvo que negarle la posibilidad del R2P a los venezolanos, no solamente es “política y éticamente inaceptable”, sino “contra la ley”.
