CARACAS – José Ignacio Hernández, procurador general de Venezuela, designado por el presidente encargado, Juan Guaidó, informó este jueves que se solicitó a Estados Unidos una orden ejecutiva para que se protejan los activos venezolanos que estén en riesgo de una posible enajenación.
El objetivo de esta acción es asegurar que estos activos se puedan utilizar en la recuperación económica y superación de la crisis humanitaria que atraviesa el país petrolero.
El abogado indicó en una entrevista que muchas veces en su país no comprenden porque se han tardado en realizar una orden ejecutiva, indicó que la razón es que es una “decisión absolutamente excepcional por parte del gobierno de EEUU”.
Señaló que los activos financieros venezolanos están bajo el control del gobierno de Guaidó y que se encuentran protegidas en cuentas especiales de acreedores.
El Procurador añadió que las empresas de su país están siendo gestionadas por equipos solventes que demuestran a la administración del presidente, Donald Trump que ya el gobierno de Nicolás Maduro no ejerce ningún tipo de influencia y control en sus decisiones.
Se refirió al caso de Citgo, en el que manifestó que importantes calificadoras de riesgo en Estados Unidos certifican que la filial de Pdvsa es una empresa operativa y que tiene capacidad de cumplir sus obligaciones con clientes y acreedores.
El profesor invitado de la Universidad de Harvard recordó que cuando la Asamblea Nacional (AN) acordó asumir la responsabilidad de la empresa, había una grave situación debido a los litigios que pueden afectar su propiedad.
Indicó que la deuda externa es un “elemento de riesgo” para los activos venezolanos en el exterior. Asimismo, puntualizó que tiene lista una de “Ley Omnibus” que concentra en un solo instrumento las principales reformas legales necesarias para comenzar a reinstitucionalizar al país y recuperar la economía que será aplicada cuando cese la usurpación a la presidencia de Nicolás Maduro.
