CARACAS – La emergencia humanitaria que vive Venezuela persistió en 2019, debido a que las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro resultaron “ineficaces”, indica el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en las Américas, publicado esta semana.
“El Gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos”, destaca el estudio.
Asimismo, AI recuerda que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo “sobrecumplimiento”, tanto en EE UU como en otros lugares, “dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos”.
El informe recuerda que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al acabar 2019.
Todo empeoró
El documento también informa que durante el año pasado, Venezuela “seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes”.
“Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia”, asevera AI.
Todo ello en el marco en que “la crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el Poder Legislativo, liderado por Juan Guaidó”.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana, a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), los datos precisan que 11 hombres jóvenes fueron asesinados entre el 21 y el 25 de enero. Los homicidios siguieron un patrón uniforme.
“Puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, “podían constituir crímenes de lesa humanidad”, afirma AI.
El estudio explica que en 2019 continuaron “las detenciones arbitrarias en el marco de la política de represión implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro”.
Acerca del uso de la fuerza, AI asegura que la Policía y el Ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, “intencionadamente letal contra manifestantes”.
“En enero, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con las protestas. Al menos 21 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia. Dado el patrón sistemático y generalizado de dichos homicidios, estos podían constituir crímenes de lesa humanidad”, concluye el informe de AI.
