CARACAS – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en declaración conjunta de los Magistrados que integran la Sala Constitucional, declararon legítimo el decreto presidencial que estableció el Estado de Alarma para atender la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Según la nota de prensa, se declaró la constitucionalidad del Decreto N. 4.198, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.535 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró el Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria.
Refiere el decreto, que fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los derechos humanos y en protección de la Constitución, el Estado, sus instituciones y el pueblo.
Señala además, su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Carta Magna.
Fines políticos
Por su parte, el Diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Rafael Veloz, denunció que la extensión de la cuarentena afecta el sistema de justicia venezolano y aseveró que la medida tiene más intereses políticos que protocolos sanitarios.
Las declaraciones las dio el parlamentario durante el foro denominado “Análisis sobre la suspensión de la justicia en pandemia” en el cual expresó, que ONG´s, sociedad civil, gremios y asociaciones sindicales han denunciado cómo esta situación ha afectado a los abogados, trabajadores de dependencia que no cuentan con subsidio alguno, lo que coloca a muchos en situaciones complicadas por no poder ejercer.
“Hay dos elementos, uno es que el ciudadano no tiene la atención requerida para los recursos propios de la justicia, es decir, una persona con una emergencia de salud quiere vender un bien y no puede porque no hay ninguna notaría que preste servicio; y el otro elemento es que esto ha generado una movilización social para exigir la flexibilización de los servicios con las previsiones de resguardo que establece la OMS”, expresó.
Asimismo, dijo que “Está situación ha empobrecido a distintos gremios del área judicial. La última semana abogados del estado Sucre protestaron para solicitar que se levanten estas medidas que afectan al gremio y su calidad de vida, pues su sueldo es de 4 dólares mensuales”.
Veloz advirtió, que en Venezuela en los meses de enero a marzo 2020 han sobrevenido 158 ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de acuerdo a datos suministrados por ONG y sectores de la sociedad civil, lo que deja en evidencia los abusos del gobierno de Maduro en materia de seguridad y justicia.
