MADRID – Este lunes comenzó en la Audiencia Nacional el juicio sobre la caja b del PP, con la fase de las cuestiones previas. Gustavo Galán, abogado del extesorero, se ha sumado a la iniciativa de que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y exlíder del partido conservador, comparezca como testigo durante la vista oral. Pero, además, el letrado ha planteado al tribunal que estaría a favor, incluso, de celebrar una confrontación entre su cliente y el antiguo jefe del Ejecutivo.
Este careo serviría para contrastar in situ los testimonios de Rajoy y Bárcenas, ya se puso sobre la mesa durante el juicio principal de la trama Gürtel, conocido como Época I y que culminó en 2018 con la condena del PP como beneficiario a título lucrativo por beneficiarse de la red de corrupción liderada por Francisco Correa. En aquella vista oral, una de las acusaciones populares, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que también participa en el juicio de los papeles de Bárcenas, ya planteó el careo entre el extesorero y el entonces presidente del Gobierno, pero el tribunal lo rechazó.
Esta nueva acción de Bárcenas se produce luego de que presentase recientemente un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde confesaba por primera vez que el Gobierno de José María Aznar adjudicó obra pública a cambio de donaciones al partido, hechos que aún se investigan en la Audiencia Nacional. En dicho documento remitido al ministerio público, el extesorero señalaba a Rajoy, al que atribuye el cobro de sobresueldos provenientes de la caja b y al que acusa de destruir en su despacho una documentación sobre la contabilidad paralela, de la que Bárcenas tenía un resguardo.
De acuerdo al ministerio público, el “escrito aporta escasas novedades, ninguna sustancial”, sobre los hechos que se tratan en esta vista oral. Tampoco sobre otros procedimientos que se encuentran todavía bajo investigación, en referencia a la pieza de las donaciones presuntamente ilegales de empresarios al PP. Anticorrupción resaltaba que este movimiento de Bárcenas es una iniciativa de él y no fruto de un acuerdo con la Fiscalía para lograr una rebaja de la condena. En consecuencia analizará “rigurosamente” tanto el contenido de la confesión por escrito de Bárcenas como las declaraciones que este haga durante el juicio antes de valorar “la posible aplicación de la circunstancia atenuante” por confesión o reparación del daño recogida en el artículo 21 del Código Penal en su escrito final de conclusiones.
Igualmente, anticorrupción señala que el escrito de Bárcenas, además de a la Fiscalía, ha sido remitido a los Juzgados Centrales de Instrucción 5 y 6, donde se investigan, respectivamente, las donaciones presuntamente ilegales de los empresarios al PP y el llamado caso Kitchen, de sustracción de documentación al extesorero por parte de una trama policial. “Corresponderá a los magistrados titulares de dichos juzgados valorar el tiempo y forma en que Luis Bárcenas pueda ratificar o ampliar, en su caso, el contenido de dicho escrito”, concluye la Fiscalía.
En ese sentido, en una entrevista concedida a EL PAÍS, Galán asomó que el extesorero tiene la intención de dar más detalles sobre las “comisiones finalistas” que recibió el PP. Es decir, el dinero entregado por empresarios a cambio de contratos de la Administración.
El juicio sobre la caja b del PP comenzó este lunes, contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, así como tres responsables de Unifica, la empresa que reformó la sede popular de la madrileña calle de Génova: el arquitecto Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero. Cristóbal Páez, exgerente de la formación y que también es acusado, no ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional al encontrarse guardando cuarentena por covid-19.
La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para Bárcenas; 18 meses para Páez; y 3 años y 10 meses para Urquijo y García. La Abogacía del Estado solicita, por su parte, 3 años para el extesorero; 1 año para Páez; y 5 años y 9 meses para los administradores de Unifica. Unas penas que las acusaciones particulares y populares, que incluyen también a Laura Montero entre los implicados en la trama, elevan hasta 35 años para Bárcenas y Páez, y hasta 19 años para los otros tres. Asimismo, se exige que el PP sea condenado al pago de más de un millón de euros como responsable civil subsidiario.
Redacción Madrid
